Javier Sánchez Wrba, diputado del PRO, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones penales y comerciales para quienes cometan delitos o prácticas abusivas durante situaciones de extrema vulnerabilidad social.
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El proyecto también contempla que la diferencia recaudada por estas sanciones agravadas se destine directamente a la asistencia y recuperación de las víctimas y de las comunidades afectadas.
El diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones penales y comerciales para quienes cometan delitos o prácticas abusivas durante situaciones de extrema vulnerabilidad social, como las vividas recientemente en la ciudad de Bahía Blanca.
El proyecto 744-D-2025, titulado “Ley de Agravamiento de Sanciones en Contextos de Conmoción Social”, establece que las penas para los delitos cometidos durante o inmediatamente después de desastres naturales, catástrofes humanas o tecnológicas se incrementen al doble. Además, prevé que las multas por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia y otras normas comerciales también se dupliquen en estos contextos.
“Lo que vivimos en Bahía Blanca fue una verdadera tragedia, con familias enteras afectadas, infraestructura devastada y servicios esenciales colapsados. No podemos permitir que haya quienes, en medio del dolor y la desesperación de la gente, se aprovechen para cometer delitos o abusos comerciales, expresó Sánchez Wrba.
También agregó: “No solo nos referimos a los hechos más visibles, como los robos, sino a situaciones que generan aún más daño e inseguridad, como la violación a la propiedad y las usurpaciones. Estas acciones siembran el miedo entre quienes ya lo ha perdido todo y complican las tareas de evacuación y restablecimiento del orden”.
El proyecto, que cuenta con el acompañamiento de otros diputados del Bloque, también contempla que la diferencia recaudada por estas sanciones agravadas se destine directamente a la asistencia y recuperación de las víctimas y de las comunidades afectadas.
“El objetivo es claro: quienes cometen delitos en medio de una catástrofe no solo deberán enfrentar penas más duras, sino que lo recaudado por esas sanciones irá a reparar los daños sufridos por la población. Se trata de justicia y de reconstrucción social”, sostuvo el diputado.
Sánchez Wrba concluyó que “la iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar con firmeza y equidad en situaciones de crisis y garantizar que la solidaridad y la justicia prevalezcan por sobre la especulación y el delito”.