Valentina Olguín, la influencer y cantante con activa presencia en redes sociales, fue acusada y procesada por la Justicia Federal de Tucumán de haber cometido el delito de contrabando por simulación, tras utilizar sin autorización los CUIT de, al menos, cinco gobernadores argentinos para realizar compras en el exterior.
La maniobra le habría permitido eludir controles aduaneros y generó un perjuicio fiscal estimado en más de 1.200 dólares.
El procesamiento fue dictado por el juez Juan Manuel Díaz Vélez, quien además impuso un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de la imputada. Aunque continuará el proceso en libertad, Olguín enfrenta serias imputaciones por la modalidad fraudulenta empleada para importar mercadería.
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La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien advirtió el uso indebido de su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) en compras realizadas en el sitio estadounidense de indumentaria femenina Revolve.
Los pedidos eran ingresados al país mediante el régimen courier y entregados en un domicilio del barrio porteño de Núñez.
Las operaciones fraudulentas ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024 y fueron atribuidas a Olguín. Según la investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, conducida por Agustín Chit, la influencer también habría utilizado los CUIT de otros cuatro mandatarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Allanamientos. Durante los allanamientos al domicilio de Olguín, realizados por el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal, se secuestraron 16.646 dólares en efectivo, prendas de la marca Revolve, un iPhone 15 Pro, una computadora portátil, facturas de FedEx y documentación vinculada a las operaciones. También se extrajeron 302 gigas de información digital de su teléfono celular, cuyo análisis continúa.
En su declaración indagatoria, Olguín reconoció haber utilizado datos de terceros “al azar” para eludir restricciones aduaneras, y calificó su accionar como “una decisión inmadura e irresponsable”. Afirmó que desconocía que uno de los CUIT pertenecía al gobernador Jaldo hasta que se inició la investigación.