El gobierno de Javier Milei decidi disolver Vialidad Nacional y otros organismos vinculados al transporte, lo que provoc la reaccin inmediata de los gremios como el Sindicato de Trabajadores Viales y ATE, quienes lanzaron una dursima advertencia:
«Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergenza. Estn armando negocios con este cierre», afirmaron.
«Rutas nacionales de la muerte»
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Ale, acus al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de poner en riesgo vidas humanas al eliminar un rea importante para el mantenimiento de las rutas nacionales.
- «Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergenza. Mienten con nuestras funciones y est armado este decreto para hacer negocios, como fue tambin desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas», denunci.
- «La disolucin de la Direccin Nacional de Vialidad es una decisin profundamente ideolgica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mnima expresin, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira», sum.
En ese sentido, hizo «un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas polticas a oponerse a este decreto que tambin destruye otras reas de transporte».
Ms despidos
La dirigente gremial alert que, con esa decisin, «ms de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y ms de 40 mil kilmetros sin mantenimiento ni cobertura».
«Son personas malignas, sin escrpulos y con un desconocimiento tcnico enorme», sentenci Ale, quien acus a Milei y «su secuaz» Sturzenegger «son los responsables del genocidio en las rutas».
Adems, advirti que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que «valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso s funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras», lament.
La referente explic que «esto no es una simple reorganizacin administrativa» como lo presenta el Gobierno, ya que «significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerizacin y privatizacin de funciones».
Destruir lo estatal
La referente sindical seal que Vialidad no tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el nmero de empleados y las tareas que desarrolla, como dice el gobierno, y refut que el organismo haya reducido sus tareas a un simple «desmalezamiento de las rutas», y remarc que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentacin, sealizacin, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.
«No se abord el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los ltimos meses, que deterior su funcionamiento y se usa hoy como justificacin de su supuesta ineficiencia», enfatiz.
Por otro lado, Ale combati la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya est tercerizado, y que la comparacin entre gestin estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.
«Esta visin mercantiliza la funcin pblica y omite que Vialidad tiene una funcin estratgica en la planificacin y control del desarrollo vial», dijo y agreg:
«El problema no es la ejecucin mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Adems, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable».
Rutas mercantilizadas
Por ltimo, Graciela Ale critic el traspaso de las funciones de Vialidad al mbito del Ministerio de Economa, porque esto «aleja las decisiones de los territorios y debilita el carcter tcnico de la planificacin vial, que estaba resguardado por la DNV».
«La nueva agencia queda atada a una lgica poltico-fiscalista, no tcnica ni federal. Adems, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente», advirti.