Las declaraciones y advertencias que realizó, en público y en privado, el ministro de Economía, Luis Caputo, sumadas a las del propio presidente Javier Milei contra los proyectos que impulsa la oposición este jueves en el Congreso muestran las limitaciones del plan económico que impulsa el Gobierno. Esas iniciativas legislativas implicarían un aumento del gasto, que podría poner en apuros los esfuerzos en el ajuste fiscal y sumar presión al dólar y, por ende, a la baja de la inflación en la antesala de las elecciones, según la mirada del equipo económico.
Las iniciativas a las que se refirió Caputo son cinco. Tres ya tienen media sanción de Diputados: el aumento de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional. Los dos restantes tienen el beneplácito de los gobernadores: la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y cambios en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.
Luego de que se hiciera público su «off the record» con el periodista Alejandro Fantino, el ministro de Economía aseguró en una entrevista televisiva que esos proyectos tienen un costo fiscal de 2,5 puntos del PBI, lo que rompería la pauta “déficit fiscal cero”, el ancla más importante del programa económico.
Además, Caputo anticipó que, en el corto plazo, “habrá volatilidad” en el precio del dólar hasta las elecciones, aunque descartó la posibilidad de «cimbronazos».
El aumento de la incertidumbre
La economista jefe de la consultora Epyca, Florencia Florentín, barajó la posibilidad de que la aprobación de los proyectos que impulsa la oposición «puede tener un efecto en el corto plazo», aunque no se lo adjudicó a ruidos estrictamente económicos, sino políticos. «Mostraría cierto debilitamiento de las alianzas de Milei, que hasta ahora permitieron que el Ejecutivo tome muchas decisiones más allá del Congreso», explicó a este medio.
Por ese motivo, subrayó que «si el Congreso le empieza a poner algunos límites que el Gobierno no puede sortear (como sí lo hizo el año pasado con los vetos) puede generar cierta incertidumbre sobre la continuidad del modelo libertario». Desde su perspectiva, esos proyectos «son la manifestación de lo insostenible del ajuste fiscal del Gobierno nacional, que se hace a costa de la infraestructura, los sistemas educativos y de salud, de ciencia y tecnología».
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Caputo: «El fondo de la cuestión es romper el equilibrio fiscal. Hay gente dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a robar»
El freno al ajuste
Durante 2024, el ajuste al gasto público que realizó la administración de Milei fue de 4,5% PBI, que le permitió pasar de un déficit fiscal primario del 2,7% en 2023 a un superávit de 1,8% ese año. Según IARAF, eso implicó una reducción de gastos primarios del 27% en términos reales, el mayor ajuste fiscal en 31 años, y con un 30,6% explicado por el recorte a las jubilaciones y programas sociales.
Por su parte, el investigador especializado en política económica local del Instituto Argentina Grandes (IGA) Hernán Herrera sostuvo que «el Gobierno está sobreactuando la disputa con los gobernadores». Según estadísticas del IGA, el costo de todas las medidas que se tratarían este jueves «no suman más de 1,5 puntos del PBI». En los primeros cinco meses de 2025, el sector público nacional (SPN) obtuvo un superávit primario equivalente a 0,8% del PBI anual.
Y ahondó: «No creo que 1,5 puntos en este contexto sea un problema para la macro. En la medida que el esquema financiero no se vea afectado». Sin embargo, opinó que «es tan frágil lo que armaron financieramente que, si tiemblan los mercados, se les complica todo, pero no deberían temblar por esto si el Gobierno gobernara como debe».
Esas estimaciones son similares a la de otras consultoras. Por ejemplo, Analytica calculó que el impacto fiscal de los cinco proyectos durante 2025 sería equivalente a 0,49% del PBI, mientras que si se anualizan, ese número subiría a 1,12% del Producto Bruto Interno, muy por debajo de la estimación del ministro de Economía.
Dólar y el postergado problema de las reservas
Un elemento central a la hora de evaluar las fragilidades es el nivel de acumulación de reservas del Banco Central, que ya generó dudas en analistas locales e incluso en grandes bancos de Wall Street, como J.P. Morgan y Barclays. Esta semana el Gobierno debió pagar los vencimientos de los bonos Globales y Bonares por u$s4.300 millones, lo que hizo que las tenencias internacionales brutas bajen a u$s39.168 millones y que las netas se ubiquen en u$s3.750 millones, según Portfolio Personal Inversores (PPI).
Sobre ese punto, un informe de Fundación Mediterránea firmado por el presidente de IERAL, Osvaldo Giordano, sostuvo que «la opción oficial es aumentar la prioridad de consolidar y profundizar la baja de la inflación» de cara a las elecciones provinciales y nacionales. Sin embargo, eso tiene como contrapartida «sacrificar otros objetivos de política económica», entre los que mencionó fue la emisión de pesos para comprar dólares.
«Si bien se apela a otras vías para acumular reservas, son alternativas más costosas e insuficientes para cumplir con la meta de acumulación de reservas prevista en el acuerdo con el FMI«, sostuvo Giordano. Sin embargo, Caputo aseguró que sí se están acercando a ese requisito, que fue incumplido el 13 de junio y pospuesto para este mes, mediante los ingresos por la colocación de bonos y un nuevo “block trade” por alrededor de u$s400 millones.
Mientras tanto, desde EcoGo se muestran escépticos de cara al segundo semestre, sobre todo ante el aumento del déficit de cuenta corriente por turismo. «Con una oferta exportadora escasa, el endeudamiento de empresas y provincias será fundamental para cubrir la mayor demanda de dólares que seguramente escalará a medida que nos acerquemos a las elecciones«, plantearon desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto.