Después de semanas de especulaciones, se oficializó la convocatoria a sesión de la oposición en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 6 de agosto desde las 12 horas. La jornada podría darle media sanción a discusiones que sostiene la oposición hace meses: la ley de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica. El temario no incluye el tratamiento de los eventuales vetos presidenciales a los proyectos jubilatorios y a la emergencia en discapacidades, que deberían ejecutarse antes del 4 de agosto.
La convocatoria, que representa la reapertura de actividades tras el receso parlamentario, cuenta con los respaldos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Por Santa Cruz. A ellos, se le sumaría el acompañamiento del Frente de Izquierda y un sector de la Unión Cívica Radical. Si no existen fragmentaciones inesperadas, las propuestas impulsadas obtendrían una cómodo mayoría.
Los bloques que antagonizan con la agenda del Gobierno y alcanzaron fluidez dentro del recinto volverán a apostar por la media sanción de la declaración de emergencia de salud pediátrica(fondos hasta diciembre de 2026 y la recomposición del Sistema Nacional de Residencia Médicas) y la ley de financiamiento universitario presentado por los rectores (reapertura de paritarias y presupuesto para gastos de funcionamiento y becas).
Oposición Diputados
Nueva iniciativa de la oposición en Diputados.
Mariano Fuchila
La oposición también tiene previsto incluir a la causa $LIBRAen la sesión, para modificar el artículo 4 que lo constituyó y que las autoridades de la comisión investigadora de Diputados se escojan por mayoría del recinto, finalizando con la parálisis del espacio que no logró elegir al presidente luego de que se consolidará un empate entre dos sectores contrapuestos con 14 miembros.
Sin embargo, no estará en la agenda la revisión de los posibles vetos presidenciales -que por ahora no son oficiales- a las últimas leyes aprobadas en el Senado, que incluyen un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios, incremento del bono excepcional a $110.000, recomposición de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Aunque el veto suceda en los próximos días, la oposición no tiene pensado incluirlo en la próxima sesión.
En contraposición, se buscará revertir el veto de Javier Milei a la declaración de emergencia para Bahía Blanca, que proponía fondos especiales que se destinarían a la reconstrucción de las zonas afectadas por el temporal.
Emplazamientos y decretos
Ante la parálisis de la Comisión de Presupuesto, en el recinto se tratarán cuatro emplazamientos, que establece día y fecha de tratamiento de temas. Existen dos proyectos que cuentan con el impulso de los gobernadores: y llegan con media sanción del Senado: el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una mayor distribución a las provincias de lo recaudado por el impuesto a los combustibles (sujeto a la eliminación de fondos fiduciarios).
Si logran aprobar los emplazamientos, garantizarán sus dictámenes en comisiones la semana siguiente y volverán a llevar los proyectos a una sesión el 20 de agosto para convertirlos en ley. Con otros plazos, el próximo 6 de agosto intentarán emplazar la declaración de emergencia al sistema nacional de ciencia y el régimen de Promoción de Salud Cerebral, para abordar un plan nacional de tratamiento del Alzheimer.
La otra tarea que se propuso Diputados es ir debatiendo el rechazo de una serie de decretos que ejecutó el Presidente en la última semana de sus facultades delegadas. Dos de ellos ya fueron suspendidos por la Justicia: el 462/2025, que intervenía el INTI y el INTA, y el 461/2025, que modificó Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En este sentido, la acción parlamentaria podría blindar los fallos y dejar sin efecto los DNUs.
Los otros decretos que se incluyeron son prioridad del peronismo: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares).
Informe Fernando Brovelli.-