La Legislatura de Río Negro dio esta semana un primer paso hacia la implementación de un arancel para extranjeros con residencia transitoria o precaria en los servicios provinciales de salud y educación superior. El proyecto obtuvo 33 votos a favor y 9 en contra, con cuatro ausentes, y deberá superar una segunda vuelta legislativa antes de su promulgación.
La iniciativa la defendió el legislador oficialista Lucas Pica, acompañado del próximo candidato al Senado y mano derecha de Weretilneck, Facundo López. Los libertarios, desperdigados en las distintas bancas, se atribuyeron la “autoría” del proyecto. Lo que se busca es limitar el acceso de migrantes a servicios públicos en nombre del “cuidado de los recursos” y la “prioridad a los contribuyentes locales”.
Un universo reducido, invisible en las estadísticas
Lo que votó la Legislatura rionegrina apunta a turistas, trabajadores golondrina, estudiantes de intercambio, pacientes en tratamiento puntual; o a personas en condición de residencia precaria, en trámite de regularización. Lejos del discurso de López respecto de un “sobrecosto fiscal” este universo poblacional no aparece en los censos de población, porque son estadías no estables.
En Río Negro residen 40.826 extranjeros, apenas un 5,4% de la población provincial. Pero se trata de una comunidad migrante estable que está integrada a la vida provincial y no representa ninguna “carga”. La medida votada, por su parte, apunta a un grupo aún mucho más pequeño pero que, exceptuando los turistas, se trata de migrantes pobres, trabajadores temporarios y personas sin cobertura, es decir, los sectores más vulnerables.
Juntos Somos Río Negro defendió la medida como un mecanismo de “equilibrio fiscal” y de “defensa de los rionegrinos”. Exceptuando el peronismo que votó en contra, tanto las bancadas libertarias como el PRO y el ARI celebraron la votación impulsada por el oficialismo.
A pedido de Weretilneck, avanza en la Legislatura una agenda apoyada en el discurso del “costo fiscal”, mientras lostrabajadores de la saludy educación siguen denunciando el ajuste y vaciamiento presupuestario. Se trata de un chivo expiatorio golpeando a un grupo social reducido, vulnerable y sin voz; para continuar cercenando derechos a la clase trabajadora.