Un juez federal hizo lugar a un pedido del gremio UDA y suspendió la declaración de servicio esencial para el sector educativo, medida contenida en la nueva ley. La causa se integró a otra más amplia que ya había frenado 82 artículos de la reforma.
Un juzgado nacional del Trabajo aceptó una medida cautelar presentada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) que suspende la declaración de la educación como «servicio esencial», una de las disposiciones de la reforma laboral recientemente aprobada. El juez José Ignacio Ramonet resolvió integrar esta causa dentro del proceso colectivo más amplio que lidera la Confederación General del Trabajo (CGT), donde ya se suspendieron 82 artículos de la normativa.
La decisión judicial implica que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, la declaración de esencialidad para el sector educativo no regirá. Esto significa que, por ahora, se mantiene el ejercicio del derecho de huelga para los docentes en todo el país. El magistrado determinó que la acción de la UDA continúe su trámite dentro de la causa principal radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N°63.
Frente a esta medida, el Gobierno nacional informó que apelará la decisión. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano rechazó lo que calificó como «intereses corporativos y sectoriales de los que pretenden obstaculizar las reformas». Mientras tanto, los 82 artículos suspendidos en la causa de la CGT, considerados el núcleo de la reforma, permanecen sin efecto.
Desde la UDA, su secretario general, Sergio Romero, destacó que la decisión «preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales» y consideró que «esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos».