El enfrentamiento entre la conducción del fútbol argentino y la administración nacional se desarrolla en causas judiciales, movimientos políticos y una negociación paritaria que supera el límite oficial.
El conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, y el Gobierno nacional continúa desarrollándose en distintos ámbitos. En las últimas semanas, se sumaron nuevos capítulos a esta tensión que comenzó con medidas oficiales a inicios de la gestión.
El juez Diego Amarante procesó a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes por la causa de retención indebida de aportes previsionales. La medida incluyó un embargo por 350 millones de pesos sobre los bienes de Tapia y Toviggino, y el mantenimiento de la prohibición de salir del país sin autorización.
Paralelamente, la Inspección General de Justicia (IGJ) impugnó como «irregular» el cambio de sede dispuesto por la AFA para ser auditada en la provincia de Buenos Aires. Este movimiento es observado en el contexto de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
En otro frente, la AFA firmó un acuerdo paritario con el sindicato Utedyc que establece un aumento del 12,5% para el período marzo-junio. Este acuerdo supera el límite del 2% mensual sugerido por el Ministerio de Economía para las negociaciones salariales. La firma ahora deberá ser homologada en la Secretaría de Trabajo.
La situación mantiene un alto nivel de tensión entre las partes, con desarrollos que se siguen sucediendo en el ámbito judicial, político y laboral.