El ministro de Economía aseguró que no hay irregularidades en los préstamos otorgados a miembros del Gobierno, en medio de un pedido de informes de la oposición.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este domingo a los créditos hipotecarios que el Banco de la Nación Argentina (BNA) otorgó a funcionarios del Gobierno y legisladores oficialistas. Lo hizo en el marco de un pedido de investigación impulsado por la oposición en el Congreso la semana pasada.
«No hay nada ilegal y mucho menos inmoral», afirmó Caputo en una entrevista con Luis Majul en el programa «La Cornisa» (LN+). El ministro sostuvo que las condiciones de acceso a los préstamos son iguales para todos los clientes y están sujetas al ingreso y al análisis crediticio. «Las tasas, los plazos y los montos son los mismos», explicó.
Además, Caputo reveló que él mismo incentiva el uso de estas líneas de crédito: «Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única». Argumentó que es lógico que los funcionarios recurran al Banco Nación, ya que es la entidad donde cobran sus sueldos y la que más créditos hipotecarios otorga en el país.
Según el titular de la cartera económica, el banco estatal ha otorgado más de 27.000 préstamos de este tipo, y los casos vinculados a funcionarios representan «menos del 0,2%». «Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral», insistió.
Las declaraciones se producen luego de que el diputado socialista Esteban Paulón presentara un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo y el BNA expliquen los préstamos otorgados a funcionarios y dirigentes oficialistas por montos elevados. Entre los casos que trascendieron figuran dos funcionarios del equipo económico: el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez.
En paralelo, el Banco Nación defendió su operatoria y afirmó que el proceso es «homogéneo, sin excepciones». No obstante, desde 2024 existe una línea específica para empleados del sector público, con condiciones más favorables, lo que ha generado debate sobre si los funcionarios políticos deben ser incluidos en ese segmento.