El Fondo de Servicio Universal (FSU), que acumula recursos millonarios, es centro de un debate entre el ENACOM y las pequeñas empresas del sector por su ejecución y destino, en un contexto de brecha digital y necesidad de inversión en infraestructura.
El mercado de las telecomunicaciones en Argentina enfrenta un escenario de tensión entre la necesidad de inversión en infraestructura y la ejecución de fondos públicos destinados a reducir la brecha digital. En el centro de esta discusión se encuentra el Fondo de Servicio Universal (FSU), que acumula recursos significativos mientras el despliegue de redes continúa siendo desigual en el país.
Aunque el Decreto 6/2025 disolvió el fideicomiso que administraba el fondo, la obligación de las operadoras de aportar el 1% de su facturación bruta se mantiene vigente. Este mecanismo genera un flujo constante de ingresos que, para 2025, proyecta programas por más de $22.000 millones orientados a conectividad y barrios populares integrados en el RENABAP. A estos recursos se suma una disputa por deudas pendientes que superan los $4.500 millones, incluyendo montos reclamados por la Auditoría General de la Nación (AGN) a grandes operadores.
La crítica más directa proviene de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector. Lucio Gamaleri, presidente de Red Intercable, advirtió que los fondos del FSU «no están disponibles para su uso efectivo» y reclamó un esquema que priorice su ejecución. Desde la visión de las PyMEs y cooperativas, la falta de ejecución impacta directamente en la expansión del servicio en zonas donde los grandes operadores no invierten, poniendo en juego la diversidad del ecosistema frente a la concentración del mercado.
Por su parte, el ENACOM busca modificar el esquema histórico de asignación de fondos, avanzando desde los Aportes No Reembolsables (ANR) hacia un sistema basado en préstamos con repago y evaluación crediticia. El organismo argumenta que este cambio mejoraría la eficiencia en el uso de los recursos. Sin embargo, esta perspectiva genera resistencia en el interior del país, donde muchas empresas señalan que los requisitos crediticios pueden limitar el acceso al financiamiento en regiones con escasa inversión privada.
Mientras tanto, la brecha de conectividad sigue siendo evidente. Mientras los centros urbanos avanzan hacia velocidades superiores, amplias zonas del interior dependen de que estos fondos se traduzcan en infraestructura concreta. En paralelo, grandes operadores como Telecom y Claro avanzan con planes de modernización de redes y despliegue de fibra óptica en áreas estratégicas.
El volumen total de fondos en juego para 2025 es significativo. El ENACOM amplió partidas por $6.000 millones para conectividad general, $16.000 millones para barrios populares y $74 millones para redes comunitarias. Sumando estos montos a los recursos provenientes de regularización de deudas, el total alcanza los $26.574 millones. El desafío para la gestión actual consiste en equilibrar la mejora en la eficiencia y transparencia de la asignación, con el reclamo de las PyMEs que exigen la activación inmediata del FSU.