La Cámara de Diputados sancionó cambios en la normativa de protección glaciar, generando reacciones encontradas. Organizaciones ambientalistas anuncian una acción judicial, mientras el oficialismo y gobernadores defienden el equilibrio entre desarrollo y ambiente.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, introduciendo modificaciones en el régimen de protección de estas zonas y del ambiente periglacial. Entre los cambios clave se encuentran una redefinición del concepto de ambiente periglacial, la habilitación de ciertos proyectos mineros e infraestructura en áreas con restricciones previas, mecanismos para actualizar el Inventario Nacional de Glaciares y una mayor injerencia provincial para autorizar actividades.
Desde el oficialismo y gobernadores de provincias cordilleranas se sostiene que la reforma busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo, corrigiendo distorsiones de la norma anterior y otorgando mayor previsibilidad jurídica para las inversiones. Argumentan que la Constitución otorga a las provincias un rol central en la gestión de sus recursos naturales.
En contraposición, organizaciones ambientalistas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace anunciaron que presentarán una demanda judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reforma. Señalan que los cambios reducen áreas protegidas, ponen en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y contradicen el espíritu de la ley original de 2010. Convocan a la ciudadanía a sumarse a una acción colectiva.
El debate enfrenta posiciones sobre desarrollo económico, autonomía provincial y protección ambiental, y promete escalar tanto en el ámbito judicial como en el político.