Uno de los imputados en la causa por empleados «fantasma» en la Legislatura de Buenos Aires aceptó una pena de tres años en suspenso. La fiscalía elevó la causa a juicio oral, donde los principales acusados enfrentan penas de hasta seis años de prisión.
Uno de los acusados en el caso conocido como «Chocolate» Rigau, por una presunta red de empleados «fantasma» en la Legislatura bonaerense, aceptó un acuerdo de juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso. La causa, que involucra a más de cincuenta personas, ya fue elevada a juicio oral y público ante el Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata.
La investigación se centra en la figura de Julio «Chocolate» Rigau, detenido mientras retiraba dinero de cajeros automáticos en La Plata utilizando tarjetas de débito del Banco Provincia a nombre de personas que figuraban como empleados de la Legislatura, pero que no cumplían funciones. Según la fiscalía, parte de esos fondos eran entregados al exconcejal Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, exfuncionario de la misma Legislatura.
En una audiencia realizada por videoconferencia, la fiscal Viviana Arturi ofreció a los imputados la posibilidad de acogerse a juicio abreviado. Antonio Rodríguez, uno de los acusados de haber sido un empleado «fantasma», aceptó la propuesta a través de su abogado y admitió su responsabilidad a cambio de la pena acordada de tres años en suspenso.
Para los considerados cabecillas de la maniobra, la fiscalía anunció que solicitará penas más severas. Para Claudio Albini, exsubdirector de personal, pedirá seis años y cuatro meses de prisión; para su hijo Facundo, exconcejal, cuatro años y tres meses; y para Julio Rigau, cinco años y seis meses. Otros acusados exploraron alternativas como la probation o la reparación del daño, opciones que fueron rechazadas por la fiscalía.
Según un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, el perjuicio económico para la provincia de Buenos Aires durante 2022 y 2023 ascendería a al menos $395,4 millones, sujeto a actualización por inflación. Los investigadores advierten que el monto total podría ser mayor, al incluir posibles desvíos en años anteriores. Algunas de las cuentas bancarias involucradas se encuentran abiertas desde 2012.
El tribunal fijó una nueva audiencia para el 30 de abril, donde se escucharán las propuestas de los acusados y se debatirán cuestiones preliminares al juicio oral.