Carlos Cuerpo, vicepresidente primero de España, destacó el impacto positivo del acuerdo comercial con el bloque sudamericano y explicó las medidas de protección para el sector ganadero local. Además, se refirió al proceso de regularización de extranjeros que impulsa el gobierno.
MADRID.- Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del gobierno español, se refirió al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y a la próxima regularización de inmigrantes durante una entrevista con corresponsales extranjeros.
El funcionario defendió el acuerdo comercial por el «impacto positivo» que, según sus estimaciones, tendría en las exportaciones españolas de sectores como el vino o el aceite de oliva, que podrían crecer entre un 30% y un 40%. El acuerdo, pendiente aún de aprobación definitiva en el Parlamento Europeo, ha generado debate en España, especialmente por la preocupación del sector agropecuario ante la posible competencia de productos como la carne argentina.
Al respecto, Cuerpo detalló un sistema de protección para la ganadería local que incluye un límite cuantitativo a las importaciones. «La solución que hemos encontrado es un triple sistema de protección… empezando por un límite sobre la cantidad que se puede exportar. Será un filete por persona por año», explicó, aclarando que, de ser necesario, se aplicarían «cláusulas que paralicen la llegada de este tipo de productos».
El acuerdo UE-Mercosur, tras 25 años de negociaciones, fue aprobado por el Senado argentino en febrero y por otros países del bloque. La Comisión Europea planea una aplicación provisional a partir del 1 de mayo, a la espera de los trámites internos restantes.
Por otro lado, Cuerpo se refirió al decreto de regularización masiva de extranjeros que reside en España, una medida anunciada en noviembre que podría beneficiar a unas 750.000 personas, incluyendo miles de argentinos. El gobierno prevé incorporar a medio millón de personas al mercado laboral.
El vicepresidente justificó la medida por la demanda de mano de obra del sector empresarial español y por su «impacto positivo para la economía a través de varios canales, como el mercado laboral y los ingresos públicos». Reconoció que el proceso supondrá un «reto administrativo» por la avalancha de solicitudes esperada, que podrían superar los 800.000 trámites.