En medio de reclamos por demoras en turnos y pagos, el mandatario provincial instó a las autoridades nacionales de la obra social a dar respuestas. Médicos y prestadores realizan protestas.
En un contexto de diversos reclamos vinculados al PAMI, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pidió públicamente a las autoridades de la obra social que «no se escondan más, pongan la cara y los recursos». La solicitud se da ante las quejas de jubilados por demoras en turnos, de prestadores por deudas acumuladas y de médicos de cabecera por una reducción en sus ingresos.
Durante la presentación de un programa de capacitación provincial, Llaryora afirmó: «No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado». Además, instó a los dirigentes nacionales a «tener coraje» y defender a los afiliados.
La situación ha generado medidas de fuerza. El próximo miércoles, médicos de cabecera se manifestarán en Córdoba, mientras que a nivel nacional la Asociación de Profesionales del PAMI (Appamia) inició un paro de 72 horas. La obra social, con cinco millones de afiliados, incrementó recientemente el valor de la cápita fija, pero suprimió los pagos variables, lo que según los profesionales reduce alrededor del 40% sus ingresos totales.
Desde el Gobierno nacional, el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió la semana pasada con su par de Economía, Luis Caputo, para analizar la deuda, que ronda los $500.000 millones. Si bien calificaron el encuentro como «muy productivo», hasta el momento no se informó sobre una inyección concreta de fondos.
La senadora Patricia Bullrich, durante una visita a Córdoba, admitió los problemas por el retraso en los giros, pero los calificó como «temporales» y aseguró que el ministro Caputo tiene claro el tema y se regularizará.
El reclamo por la normalización de los pagos del PAMI no es exclusivo de Córdoba. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también ha insistido en el tema en varias oportunidades. En el Congreso, diputados de la oposición, principalmente de la Comisión de Salud y Acción Social, solicitaron informes y citaron a autoridades del organismo para obtener detalles sobre los cambios y las demoras.