La entidad presentó un escrito ante la Justicia argumentando que el proyecto no requiere una aprobación legislativa especial y que exigirla afectaría la libertad de culto. La obra, planeada en el centro porteño, está frenada por un amparo.
El futuro del templo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días planea construir en el centro de Buenos Aires sigue en suspenso tras una medida cautelar. La entidad religiosa presentó una respuesta formal ante la Justicia, donde sostiene que el amparo que frenó una autorización preliminar podría configurar una violación a la libertad religiosa.
El conflicto judicial gira en torno a la factibilidad del uso del suelo como «local de culto» en un terreno ubicado en avenida Córdoba y Reconquista. En un escrito de 139 páginas, la iglesia argumenta que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no establece que la habilitación de estos locales deba someterse a un trámite de doble lectura legislativa, que incluiría un estudio de impacto ambiental y tratamiento en la Legislatura. Afirman que imponer este requisito «violaría la libertad religiosa y de culto».
La medida cautelar, dictada en diciembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9, suspendió los efectos de una disposición administrativa de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) que habilitaba el desarrollo. El proyecto se ubica en un predio lindero al Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena, ambos declarados Monumento Histórico Nacional.
Las autoridades eclesiásticas aclararon que la disposición de la DGIUR solo interpretó la viabilidad del uso del suelo y no aprobó obras ni planos, lo que corresponde a instancias posteriores. Insisten en que el proyecto se ajusta a la normativa urbanística, no requiere excepciones y que no existe una afectación comprobada al patrimonio histórico vecino. Además, destacan que la iniciativa incluiría un espacio verde de acceso público en el 60% del predio, actualmente sin uso.
Por su parte, en la resolución que concedió la cautelar, la jueza interviniente consideró que, por las dimensiones de la obra, la Ciudad debió haber aplicado el procedimiento de doble lectura legislativa previsto para grandes equipamientos. La Asociación Civil Basta de Demoler, autora del amparo, cuestiona los procedimientos de autorización y denuncia posibles violaciones al régimen de protección patrimonial.