La implementación de acuerdos que amplían la colaboración entre autoridades locales y federales en Florida ha generado un aumento en las detenciones migratorias y un debate sobre sus consecuencias sociales y operativas.
La política migratoria impulsada en Florida, basada en la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha abierto un debate sobre las consecuencias para los residentes. El estado implementó medidas que obligan a agencias locales a participar en tareas vinculadas al control migratorio.
De acuerdo con la columnista de política de Bloomberg Opinion, Mary Ellen Klas, la oficina del ICE en Miami registró 41.000 arrestos entre enero de 2025 y marzo de 2026, cifra superior a otras regiones de Estados Unidos. Este incremento se vincula, según explicó en su artículo, con la ampliación de la cooperación entre autoridades locales y federales.
Las políticas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis se apoyan en acuerdos del programa 287(g), que permiten a fuerzas de seguridad estatales asumir funciones asociadas a inmigración bajo supervisión federal. Florida amplió la implementación de este modelo en múltiples condados.
Según el Instituto de Política Migratoria, solo en el sur del estado, especialmente en Miami-Dade y Monroe, se concentra una población estimada de 356 mil personas sin estatus regular. Los datos indican que gran parte de la población alcanzada por estas medidas proviene de Venezuela y países de Centroamérica.
El sistema en Florida permite que infracciones menores deriven en procesos migratorios. Entre los procedimientos habituales se incluyen controles de tránsito y verificación de datos vinculados a vehículos.
La implementación de estas políticas también tuvo efectos en organismos estatales. La Patrulla de Carreteras de Florida capacitó a cerca de 1800 agentes para tareas migratorias, lo que modificó su funcionamiento habitual. Como resultado, según Klas, la agencia enfrentó cambios en la disponibilidad de personal y un aumento en el uso de horas extra. Este escenario derivó en demoras en la atención de incidentes viales.
“Florida y otros estados deberían abandonar el uso de los acuerdos 287(g) porque causan más daño que beneficio”, aseguró Klas. “Comienzan a hacerse evidentes los costos de la redada policial en Florida”, señaló.
Investigaciones de la Universidad del Sur de Florida describen efectos en la vida cotidiana de las comunidades inmigrantes. Entre ellos se menciona un contexto de incertidumbre legal y cambios en el acceso a servicios básicos. La institución educativa señaló que personas de distintos estatus migratorios evitan asistir a hospitales, escuelas o instituciones religiosas por temor a ser identificadas por autoridades.
“Los participantes describen una creciente inestabilidad laboral, una movilidad reducida, un mayor temor a la separación familiar y una disminución de la confianza en las fuerzas del orden”, se detalló en el estudio. “La investigación también documenta el impacto emocional en los niños y jóvenes, quienes asumen mayores responsabilidades como conducir, traducir y monitorear la presencia policial, a menudo en perjuicio de su educación y bienestar”.
La obligatoriedad de los acuerdos 287(g) en Florida convirtió al estado en el primero en extender este modelo a todas sus jurisdicciones. “La razón principal por la que las detenciones del ICE son tan elevadas es porque Ron DeSantis y la legislatura estatal aprobaron una ley que exige a los alguaciles del condado que designen a sus agentes como oficiales para hacer cumplir la ley de inmigración”, remarcó Klas.
A pesar del aumento en las detenciones, los informes citados no muestran una reducción clara en los índices de criminalidad. Este punto forma parte del debate sobre la efectividad de las medidas.