Diputados de distintos bloques presentaron nuevamente proyectos para impedir que personas con condenas firmes por delitos graves puedan postularse a cargos públicos. La iniciativa, que el año pasado no logró convertirse en ley, regresa al Congreso en un contexto de mayor representación oficialista.
En el Congreso Nacional, legisladores de diversos espacios políticos han presentado proyectos de ley bajo el nombre de «Ficha Limpia», que buscan establecer la inelegibilidad para cargos públicos de quienes tengan condenas firmes por delitos graves. La iniciativa, que había obtenido media sanción en Diputados el año pasado pero fue rechazada en el Senado, vuelve a ser debatida.
Esta semana, el bloque del PRO presentó un proyecto en la Cámara Alta, mientras que en la Cámara de Diputados hicieron lo mismo la bancada de Unidos por el Cambio, la Coalición Cívica y la diputada radical Karina Banfi. Según indicaron fuentes legislativas, la presentación coordinada responde a un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil que impulsan la causa desde 2016.
El texto presentado en Diputados establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas confirmadas por delitos como corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la vida, la integridad física, el orden constitucional y deuda alimentaria morosa. Por su parte, el proyecto del PRO en el Senado propone además la creación de un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral para asegurar la aplicación automática de la norma.
En 2023, el proyecto había sido aprobado por Diputados, pero fue rechazado en el Senado tras el voto negativo de dos senadores misioneros, quienes no explicaron públicamente su cambio de postura. En aquel momento, desde el Gobierno nacional se atribuyó el fracaso a una «impericia» en la gestión de la votación.
«Durante diez años promovimos, debatimos, peleamos y llevamos al Recinto en varias oportunidades este proyecto para que sea ley. En este nuevo periodo parlamentario, sigo comprometida con la integridad de los funcionarios», señaló la diputada Karina Banfi. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, agregó: «Vamos a trabajar junto al resto de los diputados para que esta vez sea ley».
Con la actual composición del Senado, donde el oficialismo cuenta con mayor representación, los números podrían ser más favorables para la aprobación de la ley, si así lo decidiera el bloque gobernante. El debate se reabre en un año con actividad electoral.