En medio de la planificación energética y altos precios, empresas estatales creadas en gestiones anteriores continúan operando. Mientras, se evalúan alternativas para la Casa de Moneda, desde una posible privatización hasta un inusual contrato con el extranjero.
El último viernes de marzo, con el persistente conflicto en Medio Oriente como contexto, Marcelo Corda, apoderado de la empresa pública Enarsa, envió una nota a la compañía administradora del mercado eléctrico (Cammesa) para consultar la cantidad de gas por barco necesaria para la producción energética en mayo. Este pedido respondía a una solicitud del Gobierno, que debe planificar compras en un escenario de precios elevados. La situación lleva a que todos los actores de la cadena evalúen con mayor detenimiento sus decisiones.
Este hecho ilustra algunas complejidades para modificar el modelo económico en un contexto desafiante. Si bien se evaluaba la desregulación del sector, ahora se analiza que Enarsa realice una primera compra hasta que el sector privado se decida a participar. Enarsa, una empresa creada durante la gestión de Néstor Kirchner y bajo control estatal, continúa desempeñando un rol en la actual administración, a pesar de que se están vendiendo algunos de sus activos más importantes.
Un análisis de los pagos del Tesoro Nacional del año pasado muestra la continuidad de estructuras anteriores. La principal beneficiaria fue Cammesa, la firma que administra el sistema eléctrico, para cubrir necesidades financieras. Le siguen en la lista empresas estatales como las de trenes, el Correo Argentino y Yacimientos Río Turbio, todas adquiridas por el sector público en gestiones pasadas. Entre las primeras empresas privadas figuran las petroleras, que reciben subsidios del Plan Gas, una iniciativa de fomento a la producción que también se originó en administraciones anteriores.
Este mapa de pagos no describe un modelo en retirada, sino uno que funciona en paralelo con las nuevas políticas, en una transición que aún no encuentra reemplazos definitivos en todos los sectores.
En otro ámbito, la Casa de Moneda, la imprenta pública de billetes, atraviesa un proceso de reestructuración luego de que el Gobierno anunciara el año pasado su liquidación, decisión que luego fue reconsiderada. Actualmente, la mayoría de los billetes se importan desde China.
Una situación inesperada podría darle un nuevo rumbo a la empresa. De La Rue, una compañía británica que imprime la libra esterlina, enfrentó una demanda fluctuante tras el ascenso al trono del Rey Carlos III y busca capacidad de impresión en el exterior. Tras contactos y visitas de sus representantes a la Argentina, evalúan la posibilidad de que la Casa de Moneda realice un trabajo para el Reino Unido por 50 millones de billetes.
Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno indican que la voluntad oficial es avanzar con la privatización de la Casa de Moneda. La Secretaría Legal y Técnica analizó la posibilidad de hacerlo mediante un instrumento legal de los años 90, pero el consenso actual apunta a que lo más apropiado sería una nueva ley. Dada la agenda legislativa, se evalúa la conveniencia de impulsar este proyecto en el Congreso en el corto plazo, en un escenario similar al de la discusión sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, cuya privatización no está en la agenda inmediata.