El gobierno provincial anunció que las familias de los responsables de amenazas en escuelas deberán afrontar el costo de los procedimientos de seguridad, estimado entre 5 y 6 millones de pesos por cada uno.
El gobierno de Santa Fe determinó que los padres de los alumnos que realicen amenazas de ataques armados en establecimientos educativos deberán hacerse cargo del costo económico de los operativos policiales que se activen, el cual se estima entre 5 y 6 millones de pesos por cada procedimiento. La medida fue anunciada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien remarcó que estas acciones «no son una broma sino un delito».
La semana pasada se registró un pico de 65 denuncias por amenazas, principalmente a través de carteles dejados en baños de escuelas. Ante cada denuncia, las fuerzas de seguridad intervienen de manera coordinada con la Fiscalía, realizando aprehensiones, allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos para identificar a los responsables. Cococcioni confirmó que «hay varios detenidos a disposición de la justicia».
El ministro explicó que muchos casos no se difunden en detalle porque la mayoría de los involucrados son menores de edad, lo que exige resguardar las investigaciones dentro del marco del fuero penal juvenil. Sin embargo, aseguró que las actuaciones avanzan porque «el Estado toma estos hechos con la mayor seriedad».
El costo de cada operativo incluye la movilización de policías, bomberos, dispositivos de emergencia y horas extra de personal para garantizar la seguridad. Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) emplea análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP para agilizar las investigaciones.
El ministro de Educación, José Goity, destacó que se potenciarán los programas de educación digital y las rondas de convivencia como herramientas para mejorar la situación. Desde el gobierno provincial se insistió en la responsabilidad de los menores y sus familias, y se instó a la comunidad educativa a abordar el tema con seriedad, ya que se trata de un delito de intimidación pública con consecuencias penales.