Una economista analiza el desajuste entre las prestaciones prometidas y los recursos disponibles, señalando la necesidad de reordenar el sistema para garantizar su sostenibilidad.
El sistema de salud argentino, en su segmento de obras sociales y prepagas, enfrenta un escenario complejo. Según Agustina Ambrosi, economista de IDESA, existe un desajuste estructural entre lo que el sistema promete cubrir y los recursos con los que cuenta para hacerlo. Esta brecha, lejos de reducirse, se profundiza con el tiempo.
La especialista detalló que el financiamiento es uno de los principales puntos de tensión. «El sistema se financia principalmente con aportes sobre el salario», indicó, pero aclaró que esos ingresos resultan insuficientes frente a los costos actuales. En promedio, los aportes rondan los 67.000 pesos, mientras que cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO) cuesta cerca de 85.000 pesos. «Entonces, ya hay un déficit desde la base», subrayó.
Lejos de reducir prestaciones, el sistema amplió con los años la cobertura. Ambrosi explicó que esto incrementa la presión financiera: «por el lado del gasto, con el tiempo se va ampliando todo lo que el sistema está obligado a cubrir». Hoy, el PMO incluye desde tratamientos de salud mental hasta discapacidad y adicciones, además de incorporar innovaciones médicas de alto costo. Esta expansión genera una dinámica compleja: «te introduce obligaciones adicionales sin un esquema de financiamiento acorde», afirmó.
A esto se suma el creciente recurso a la judicialización. Cada vez más afiliados recurren a amparos para acceder a prestaciones, lo que incrementa aún más el gasto del sistema. En términos de estructura, el sistema se divide actualmente en un 64% correspondiente a obras sociales y un 36% a prepagas. Sin embargo, Ambrosi aclaró que estas modificaciones no resolvieron la cuestión central: «fue un cambio de organización del sistema, pero no del financiamiento». El resultado es un esquema que mantiene los mismos problemas estructurales, con costos en alza y recursos limitados.
La consecuencia directa es el deterioro del servicio y el aumento de conflictos legales. Frente a este panorama, la economista propuso una reconfiguración del sistema. «Ordenar esto del PMO y alinear el sistema con el financiamiento que se tiene» es clave, sostuvo. Además, planteó que las prestaciones sociales más complejas deberían ser gestionadas por el Estado: «tendrían que ser mejor financiadas y gestionadas directamente por el Estado».