El Gobierno argentino decidió suspender el acceso biométrico de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, alegando razones de seguridad nacional tras una denuncia por espionaje contra dos periodistas de TN. La medida genera debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Gobierno nacional, a través del subsecretario Javier Lanari, anunció esta semana la decisión de quitar las huellas dactilares (acceso biométrico) a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, de manera preventiva, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional. La medida se produce luego de que la Casa Militar presentara una denuncia penal contra dos periodistas y directivos del canal TN por la difusión de un informe grabado en la Casa Rosada sin autorización y mediante el uso de lentes inteligentes con cámara oculta, acusándolos del presunto delito de espionaje.
Si bien el Gobierno no reconoce la restricción como una prohibición, la decisión ha sido interpretada por diversos sectores como un límite a la libertad de expresión y al derecho a la información, consagrados en la Constitución nacional. La polémica se enmarca en un contexto de mayor control sobre la labor de los periodistas acreditados, que ya habían visto restringida su libertad de movimiento en el palacio de Gobierno.
Por su parte, el presidente Javier Milei recibió ese mismo jueves a Peter Thiel, cofundador de PayPal y de la empresa de análisis de datos Palantir, en un encuentro que refuerza la vinculación del Gobierno con figuras del sector tecnológico. La medida restrictiva hacia la prensa contrasta con la apertura a estos vínculos internacionales.
Especialistas en derecho constitucional advierten que ninguna norma administrativa puede alterar los derechos fundamentales, y que la restricción, aunque temporal, no tiene antecedentes en democracia ni en gobiernos de facto. Se espera que la situación se resuelva en los próximos días, aunque la gravedad de la medida ya ha generado un amplio debate en la sociedad.