El Gobierno de Córdoba oficializó una resolución que establece la suspensión del pago de haberes a funcionarios públicos que no se hayan realizado el examen de detección de drogas, conocido como narcotest.
El Gobierno de Córdoba, mediante la Resolución 61 firmada por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y publicada este lunes 4 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia, dispuso la suspensión del pago de salarios a los funcionarios públicos que no hayan cumplido con la obligación de realizarse el narcotest.
La medida establece que las unidades de recursos humanos de cada jurisdicción deberán informar a la Secretaría de Capital Humano sobre los incumplimientos. Una vez comunicado, se suspenderá la liquidación de haberes del agente involucrado hasta que regularice su situación.
El artículo 1 de la resolución indica que las áreas de recursos humanos deben reportar la falta de presentación del certificado exigido por la Ley N° 10954 y su decreto reglamentario. El artículo 2 precisa que la comunicación producirá la suspensión de haberes, sin perjuicio de los procedimientos administrativos correspondientes. El artículo 3, por su parte, obliga a informar los resultados positivos a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que evaluará cada caso.
La normativa recuerda que la Ley N° 10954 exige la presentación anual de un certificado negativo de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales para funcionarios electivos, gobernador, vicegobernador, legisladores, tribunos de cuenta, ministros, secretarios, directores, subdirectores, asesores y cargos de jerarquía equivalente.
Un abogado laboralista consultado expresó: «Tenemos una situación de incertidumbre total que es peor que la ley en sí misma», reflejando las dudas sobre la aplicación de la medida.