La calificadora Fitch elevó la nota de la deuda soberana de Argentina de CCC+ a B-, sacándola del terreno del incumplimiento inminente. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, resiste la presión de los inversores y no planea emitir deuda en los mercados internacionales en el corto plazo.
Luis Caputo recibió una señal de validación externa que, si bien era esperada por el mercado, no modificará la estrategia financiera del Gobierno. La calificadora de riesgos Fitch subió la nota de la deuda soberana de Argentina desde CCC+ a B-, un movimiento que saca al país del terreno del «incumplimiento inminente» para situarlo en una categoría de mayor estabilidad, aunque todavía dentro del rango especulativo.
Para el Gobierno de Javier Milei, el upgrade es un reconocimiento al programa de shock; para los inversores, es el inicio de una presión creciente para que el Tesoro ejecute su regreso a los mercados internacionales. Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron que este cambio de estatus crediticio no altera la premisa de pagar sin Wall Street.
En el equipo económico sostienen que la prioridad sigue siendo el saneamiento del balance del Banco Central y la consolidación del superávit, sin recurrir a nuevo endeudamiento externo en el corto plazo. «El financiamiento ya está cubierto para los próximos tres pagos de cupón. No hay necesidad de salir al mercado», insistieron fuentes oficiales.
La recalibración de Fitch se apoyó en pilares que el oficialismo exhibe como trofeos de gestión: balances externos y fiscales estructuralmente mejorados, avances en las reformas económicas y un sólido superávit comercial impulsado por el sector energético. La calificadora proyecta que esta estabilidad se mantendrá durante los próximos seis meses.
A pesar de la cautela oficial, el mercado financiero comenzó a impacientarse. Operadores de la City y fondos de inversión en Nueva York aseguran que los mercados pretenden que el Gobierno se anime a una emisión soberana. La premisa es que una colocación exitosa, incluso con tasas de dos dígitos en torno al 10% u 11%, actuaría como un catalizador para una mayor caída del Riesgo País y una mejora adicional en la calificación crediticia.
Con el indicador del JP Morgan coqueteando con el umbral de los 600 puntos básicos y tras tocar mínimos de 514 puntos tras la noticia de Fitch, la estrategia que piden los inversores es clara: apenas la tasa implícita (TIR) de los bonos soberanos perfore el umbral de un dígito, Hacienda debería ejecutar una salida formal para testear el apetito por activos locales.
No obstante, en Wall Street el diagnóstico sobre el techo de la mejora argentina es matizado. «El problema es más el ruido en Argentina que la guerra», deslizaron fuentes financieras en relación al conflicto en Medio Oriente. Entre los factores de desconfianza que se repiten aparecen tres ejes: una reforma laboral insuficiente, la crisis política derivada de los señalamientos al patrimonio de Manuel Adorni, y la persistente debilidad de las reservas netas.
Si bien el Banco Central logró comprar más de USD 7.000 millones en los últimos meses, no logró retener una porción significativa de ese flujo debido a los compromisos de pago del Tesoro. Esta dinámica fortalece el balance de la entidad en términos de flujo, pero deja al descubierto la vulnerabilidad del stock.
La propia Fitch dejó en claro que Argentina aún enfrenta restricciones severas para aspirar a una calificación de grado de inversión o incluso a una B plena. Las «luces amarillas» apuntan a una posición de liquidez internacional débil y a los importantes vencimientos hard dollar de 2027 como el verdadero test de solvencia para el modelo.