Una iniciativa bipartidista presentada en el Congreso estadounidense busca obligar al Pentágono a informar sobre acciones contra el contrabando de hidrocarburos desde México, señalando que el robo de combustible financia violencia y otras actividades ilícitas.
El senador republicano por Texas, John Cornyn, y la senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen, presentaron este jueves una iniciativa bipartidista denominada Ley para Detener el Fomento de la Violencia de los Cárteles. El proyecto busca obligar al Departamento de Guerra de Estados Unidos a informar al Congreso sobre las acciones implementadas para combatir el contrabando de hidrocarburos y productos relacionados con el “huachicol” provenientes de México.
La propuesta surge en medio de crecientes preocupaciones en Washington sobre el fortalecimiento financiero de los grupos criminales mexicanos, particularmente a través del robo y tráfico ilegal de combustible, actividad que en los últimos años ha adquirido dimensiones transnacionales.
De acuerdo con los legisladores, los cárteles mexicanos han sofisticado sus métodos para extraer combustible de manera ilegal, interceptar ductos, secuestrar camiones cisterna y operar esquemas de contrabando a través de la frontera, obteniendo millonarias ganancias que posteriormente son utilizadas para financiar otras actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata de personas.
“Los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y usar las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas que se infiltran en nuestras comunidades y matan a estadounidenses inocentes todos los días”, declaró el senador Cornyn al presentar la iniciativa.
Los senadores señalaron que el robo de combustible se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionados con drogas para las organizaciones criminales en México, situación que les permite ampliar su capacidad operativa tanto en territorio mexicano como estadounidense. La senadora Jacky Rosen afirmó que el problema ya representa una amenaza regional que requiere una respuesta coordinada entre agencias de seguridad y autoridades energéticas.
“Debemos tomar medidas para combatirlo. Me enorgullece contribuir a la presentación de este proyecto de ley bipartidista para ayudar a frenar la capacidad de los cárteles de lucrarse con el combustible y el petróleo crudo robados”, sostuvo la legisladora demócrata.
La iniciativa enfatiza que las organizaciones criminales transnacionales utilizan una combinación de corrupción, redes logísticas y estructuras financieras para mover hidrocarburos robados hacia mercados ilegales, generando recursos que fortalecen su capacidad armada y su presencia en diversas regiones.
La Ley para Detener el Fomento de la Violencia de los Cárteles contempla varias medidas enfocadas en aumentar la vigilancia y coordinación del gobierno estadounidense frente al fenómeno del huachicol. Entre sus principales puntos destaca la obligación de que el Departamento de Guerra entregue al Congreso un informe detallado con recomendaciones para contrarrestar el contrabando de productos derivados de hidrocarburos.
El documento deberá incluir estrategias para fortalecer capacidades con naciones aliadas, ampliar el intercambio de información con agencias civiles estadounidenses y reforzar las acciones contra organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de combustible. Asimismo, la propuesta busca sensibilizar sobre el crecimiento del robo de hidrocarburos y evaluar si las acciones actuales son suficientes para enfrentar el impacto que estas redes tienen sobre la seguridad nacional, energética y económica de Estados Unidos.
La iniciativa también refleja el creciente interés de Washington por atacar las finanzas de los cárteles más allá del narcotráfico, enfocándose en actividades paralelas que generan recursos multimillonarios y sostienen estructuras criminales a ambos lados de la frontera. En los últimos años, autoridades estadounidenses han advertido sobre el incremento del tráfico ilegal de petróleo crudo y combustibles robados desde México, así como la participación de empresas fachada y redes de lavado de dinero vinculadas con organizaciones criminales.
Aunque el proyecto aún deberá avanzar en el proceso legislativo estadounidense, la propuesta anticipa una mayor presión bilateral sobre el combate al huachicol y el rastreo de las redes financieras asociadas a los cárteles mexicanos.