Por 11 votos a favor y tres en contra, los legisladores fueguinos anularon el veto del gobernador Gustavo Melella a la ley que suspendía el proceso de reforma constitucional. El mandatario anticipó que recurrirá a la Justicia.
La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dejó sin efecto el veto del gobernador Gustavo Melella a la ley que suspendía el proceso de reforma constitucional. La votación, realizada este viernes, arrojó 11 votos a favor, tres en contra y una ausencia.
Semanas atrás, la Legislatura había derogado la ley 1.529, aprobada en diciembre de 2023, que establecía la necesidad de reformar la Constitución provincial. Un día antes de esa votación, Melella convocó a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto. Los diputados avanzaron con la derogación y el gobernador vetó la normativa, así como la llamada ‘ley de Goteo’ impulsada por el Partido Justicialista. La Legislatura intentó anular también ese veto, pero no alcanzó los votos necesarios y el proyecto volvió a comisión.
Melella expresó en sus redes sociales: ‘Lamento profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial’. Agregó que ‘sectores que no quieren perder privilegios en la política de Tierra del Fuego’ impulsan esta medida. ‘Nuestra provincia necesita reformarse, renovarse, mirar hacia adelante y no vivir atado al pasado y a esos privilegios’, sostuvo. Además, calificó la decisión legislativa como ‘una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica’ y afirmó que ‘intentar frenar por ley un proceso de reforma constitucional que ya está en marcha constituye un hecho sin precedentes en la Argentina’. Anunció que presentará una demanda ante la Justicia.
El senador nacional Agustín Coto (La Libertad Avanza) celebró la decisión legislativa. En un texto titulado ‘Contumaces’, afirmó: ‘Nuevamente primó la cordura’. Agregó: ‘Las constituciones no se reforman por conveniencia política ni por especulación electoral’. Señaló que la prioridad del Gobierno provincial debería estar en la falta de inversión energética, escuelas sin clases, deterioro de la salud, problemas de infraestructura y ausencia de administración eficiente de los recursos públicos.
La reforma constitucional fueguina, aprobada a fines de 2023, contemplaba la modificación de 70 de los 211 artículos de la Carta Magna local. En julio de 2024, Melella convocó a elecciones convencionales para noviembre, pero la Justicia frenó el proyecto en agosto. Casi un año después, y tras un allanamiento a la Casa de Gobierno, el mandatario obtuvo luz verde para retomar el proceso. Sin embargo, la ruptura con los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, y luego con el intendente de Ushuaia y titular del PJ provincial, Walter Vuoto, complicaron el panorama. Desde la oposición sostienen que Melella busca un atajo para competir por un tercer mandato y que el proceso tendría un costo de 8.000 millones de pesos.