Un video resurgido muestra a la gobernadora de Chihuahua firmando un acuerdo de seguridad fronteriza con Texas. La FGR la citó a declarar como testigo el 27 de mayo.
Un video resurgió esta semana y puso en el centro del debate a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván. En la grabación, aparece junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, firmando un acuerdo de seguridad fronteriza en el que le hace compromisos concretos al gobierno estadounidense, compromisos que, según sus críticos, nunca tuvo facultades legales para hacer.
El video cobra una relevancia explosiva en este momento: la Fiscalía General de la República (FGR) citó a Campos Galván a comparecer el próximo 27 de mayo como testigo en una investigación relacionada con la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico en la Sierra de Chihuahua.
En la grabación, el gobernador texano abre la conferencia con un tono de urgencia: describe que Texas “ha sido desbordada por un número récord de inmigrantes que cruzan ilegalmente desde México con ayuda de los cárteles” y presenta a Maru Campos como la solución. Sus palabras exactas son contundentes: asegura que la gobernadora chihuahuense le entregó “el mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de cualquier gobernador de México” y anuncia que, gracias al acuerdo firmado, el cruce fronterizo entre Chihuahua y Texas “volverá a operar con normalidad de inmediato”. Abbott también revela que su oficina ya había sido contactada por los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila para negociar acuerdos similares, y advierte que mientras esos pactos no se concreten, Texas seguirá inspeccionando exhaustivamente camiones de todos los estados mexicanos, excepto Chihuahua y Nuevo León.
En el video, la gobernadora toma la palabra y detalla los compromisos que ofreció al gobierno de Texas: implementar en Ciudad Juárez la misma política de seguridad que aplicó como alcaldesa de Chihuahua durante seis años, calificada por ella misma como “exitosa”; reubicar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal en El Paso para priorizar la vigilancia fronteriza; e invertir más de 200 millones de dólares en tecnología de alto perfil para el control fronterizo. Antes de firmar, Abbott lee en voz alta el párrafo más polémico del memorando: el compromiso de que Chihuahua aplicará medidas reforzadas de seguridad “a lo largo del Río Bravo” para evitar el cruce ilegal de migrantes hacia Texas, incluyendo la Plataforma Centinela —un sistema de rastreo vehicular desde los parques industriales de Juárez hasta el cruce fronterizo— y el uso de drones para patrullar la frontera.
La gobernadora Campos firmó el acuerdo con un gobierno extranjero en materia migratoria y tráfico de drogas, incluyendo la inspección en cruces fronterizos, sin tener las facultades constitucionales para ello. La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente al respecto: ningún gobierno estatal tiene facultad para establecer acuerdos de seguridad independientes con agencias extranjeras. A eso se suma que el gobierno de Maru Campos habría brindado un piso en la Torre Centinela a agencias de Estados Unidos para la vigilancia del cruce de camiones de carga desde Chihuahua hasta Texas. La propia gobernadora admitió en entrevistas recientes que funcionarios de Chihuahua sí se reunían con agentes estadounidenses en Ciudad Juárez, aunque negó que fueran de la CIA, señalando que se trataba de personal del Departamento de Estado, Homeland Security, FBI y DEA.
El citatorio fue entregado por agentes federales a la gobernadora, quien deberá presentarse en la delegación estatal de la FGR en Ciudad Juárez a las 10:00 horas del 27 de mayo. Campos confirmó que acudirá. El caso ha generado fuertes cuestionamientos políticos. El senador Javier Corral calificó los hechos como un “entreguismo” del gobierno estatal hacia Estados Unidos, señalando que se habrían establecido acuerdos al margen de la Constitución, incluyendo el intercambio de información sensible.