El 31 de mayo se recuerda la promulgación de la Carta Magna de 1985, vigente desde 1986, que estableció el orden democrático tras la ruptura constitucional de 1982.
Guatemala conmemora este 31 de mayo el 41° aniversario de la Constitución Política de la República, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985 y vigente desde el 14 de enero de 1986. La norma organiza los poderes del Estado, protege los derechos ciudadanos y marcó el retorno del país a una etapa institucional y democrática tras la ruptura constitucional de 1982.
La actual Carta Magna contiene 281 artículos distribuidos en ocho títulos, además de 22 disposiciones transitorias, y fue reformada en 1993 y 1999. Dio origen de forma permanente a la Corte de Constitucionalidad y creó la Procuraduría de los Derechos Humanos como institución comisionada por la Presidencia pero independiente de ella.
El Día Nacional de la Constitución se celebra cada 31 de mayo por disposición del Decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. La conmemoración recuerda la proclamación de la norma fundamental que sustituyó el vacío institucional abierto tras el golpe de Estado de marzo de 1982.
La Constitución que rige hoy en Guatemala fue redactada por una Asamblea electa de manera directa y popular con ese objetivo. Su trabajo debía restablecer el orden constitucional después de que el país quedara sin una instancia constituyente.
El proceso que condujo a la Constituyente se inició durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, cuando el jefe de Estado y el Consejo de Estado emitieron tres normas: el Decreto 30-83 (Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral), el Decreto 31-83 (Ley del Registro de Ciudadanos) y el Decreto 32-83 (Ley de Organizaciones Políticas). El Tribunal Supremo Electoral comenzó a funcionar el 1 de julio de 1983. En agosto de ese año, Ríos Montt fue reemplazado por el general Óscar Humberto Mejía Víctores como jefe de Estado.
Bajo ese nuevo mando, el régimen militar y los partidos políticos acordaron convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esa decisión derivó en las elecciones del 1 de julio de 1984 para designar a 88 diputados constituyentes. En esos comicios participaron 17 partidos políticos y tres comités cívicos. La Asamblea quedó integrada por 88 personas elegidas por voto popular y recibió el mandato exclusivo de redactar la nueva Constitución.
La Asamblea redactó la Carta Magna que sigue vigente desde 1986. Guatemala recuerda la promulgación de la Constitución aprobada por los 88 diputados de la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985, la ley suprema que desde el 14 de enero de 1986 regula el sistema de gobierno, fija las garantías de legitimidad de las autoridades y sostiene la institucionalidad del Estado.
La Asamblea organizó su trabajo con una presidencia rotativa integrada por Ramiro de León Carpio (UCN), Roberto Carpio Nicolle (DCG) y Héctor Aragón Quiñónez (MLN-CAN). El documento final fue el resultado de negociaciones políticas plasmadas en 281 artículos. Según el texto fuente, la participación ciudadana en la elección constituyente fue “entusiasta y masiva”, y de ese proceso surgieron los nombres de los 88 diputados que promulgaron la nueva Carta Magna. También indica que sectores de la izquierda representativa repudiaron ese proceso electoral.
La Constitución de 1985 es la más duradera de las nueve que ha tenido Guatemala desde su historia republicana. Su vigencia consolidó instituciones creadas en esa etapa de transición, entre ellas la Corte de Constitucionalidad como tribunal encargado de garantizar la supremacía constitucional.
El texto fuente añade que la fecha debía tener una conmemoración nacional y afirma que el Congreso no celebró oficialmente el Día de la Constitución como ordena el Decreto 2-86. También sostiene que omitir ese aniversario revela una desconexión de quienes están llamados a defender la ley suprema del país. La conmemoración incorpora además una apelación pedagógica: reafirmar el compromiso de los guatemaltecos con el régimen de legalidad y enseñar a los niños el contenido de la Constitución para garantizar su cumplimiento.