El juez Francisco de Jorge Mesas emitió una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Venezuela para obtener datos sobre 14 miembros de ETA que residían en ese país en abril de 2025, entre ellos José Ignacio de Juana Chaos.
Madrid, 1 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas ha librado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Venezuela para que faciliten información sobre 14 miembros de ETA que en abril de 2025 residían en ese país y entre los que se encuentra José Ignacio de Juana Chaos.
En una resolución adelantada por ‘El País’ y a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado señala que el cambio político operado recientemente en Venezuela permite inferir una colaboración para acceder a los datos que había solicitado la acusación popular que ejerce la asociación Dignidad y Justicia.
El juez solicita a Venezuela información respecto a la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización terrorista, labores de enlace, y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo de 14 miembros de ETA.
Se trata de Eugenio Barrutiabengoa, José Ignacio de Juana Chaos; José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Úriz, Arturo Cubillas, Javier Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.
Además, libra otra comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que faciliten la documentación o información que se halle en el procedimiento judicial seguido contra el exdirector de Inteligencia Militar venezolana Hugo Armando Carvajal sobre los miembros de ETA huidos de la justicia española residentes en Venezuela, y la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización criminal.
En su escrito, el juez recuerda que el propio Ministerio Fiscal en su dictamen y en la querella inicial presentada considera que el Colectivo de Refugiados de la organización terrorista ETA habría tenido una dependencia orgánica de la dirección de la banda criminal que, a través de sus órganos de su estructura, haría un seguimiento sobre ellos, les prestaría asistencia jurídica y económica y mantendría un control sobre sus miembros.
Por ello, ve útil la investigación que propone la acción popular y considera que el cambio político en Venezuela permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados, que pueden verse avalados por la declaración testifical del exdirector de Inteligencia Militar venezolana, actualmente en prisión en Estados Unidos.