El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de Orlando Cuesta, de 36 años, señalado como presunto responsable del homicidio de la fiscal adjunta Patricia Soledad Ossa, ocurrido el 18 de mayo en la ciudad de Panamá.
El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de Orlando Cuesta, de 36 años, como presunto responsable del homicidio de Patricia Soledad Ossa, fiscal adjunta del Ministerio Público e integrante de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio. La medida fue adoptada tras una solicitud de la Procuraduría General de la Nación.
Cuesta está señalado por la presunta comisión de los delitos de femicidio y robo agravado contra su expareja. La decisión judicial se tomó luego de la audiencia de garantías, donde el juez consideró que existían elementos suficientes para ordenar la detención, según informaron fuentes judiciales y medios locales.
Ossa recibió un disparo la noche del 18 de mayo y fue trasladada en estado delicado al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Las pesquisas judiciales indican que el imputado habría disparado un arma de fuego contra la víctima, causándole la muerte.
La fiscalía presentó ante el juez los resultados de la investigación preliminar, que incluyó análisis forenses, grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. El representante del Ministerio Público argumentó que Cuesta representaba un riesgo de fuga y que existía la posibilidad de que obstruyera la investigación. “El tribunal accedió a la solicitud de detención preventiva atendiendo a la gravedad de los hechos y las pruebas aportadas”, señaló un comunicado oficial.
Durante el proceso, la defensa del imputado cuestionó algunos elementos de la investigación, pero el juez desestimó los argumentos y resolvió mantener la medida cautelar. El Ministerio Público enfatizó la relevancia del caso para la protección de funcionarios que intervienen en la persecución penal de delitos de alto impacto.
La audiencia contó con la presencia de representantes del Colegio Nacional de Abogados y de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para fiscales y jueces. Voceros de la Red Nacional de Mujeres Contra la Violencia exigieron acciones del Estado. “La justicia debe enviar un mensaje claro frente a la violencia contra quienes luchan por la legalidad y la equidad”, manifestaron en declaraciones a medios locales.
Según cifras del Ministerio Público, en lo que va del año se han reportado unos 10 casos de femicidio en Panamá. El Ministerio Público informó que la investigación continúa y que se mantienen abiertas otras líneas para determinar si existen cómplices o motivaciones adicionales en el caso. De acuerdo con medios de prensa, el proceso judicial incluirá la revisión de pruebas técnicas y la ampliación de testimonios durante las próximas semanas.