Un informe del Observatorio del Control Público de Fundación Éforo revela que seis provincias no cuentan con Defensor del Pueblo, el Congreso no designa al nacional desde hace 17 años y tres distritos concentran el 91% de los recursos destinados a estas instituciones.
Buenos Aires, 7 de junio (NA) – En Argentina, seis provincias no tienen la figura institucional de la Defensoría del Pueblo y el Congreso no elige al Defensor del Pueblo de la Nación desde hace 17 años. Así lo indica un informe elaborado por el Observatorio del Control Público de Fundación Éforo, que analizó 25 jurisdicciones: las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el relevamiento, en Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa la Defensoría del Pueblo no existe. En Tierra del Fuego, la vigencia institucional de la figura es incierta. A nivel nacional, el Congreso no logra designar al Defensor del Pueblo desde 2008.
El informe señala que siete provincias no tienen partida presupuestaria para la función defensorial, lo que deja a más de 12 millones de argentinos sin acceso garantizado a este mecanismo de control ciudadano. Además, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Buenos Aires concentran cerca del 91% de los recursos subnacionales destinados a defensorías del pueblo.
Para 2026, la inversión presupuestaria desde Nación en la Defensoría del Pueblo asigna $330 por ciudadano, monto inferior al de provincias como Chaco y Córdoba, que destinan 50% más por ciudadano que el nivel nacional. Ninguna norma de creación de las defensorías contempla explícitamente el cupo de género en el nombramiento de sus autoridades.
La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, afirmó: “La Defensoría del Pueblo de la Nación invierte el monto más bajo de todo el país. Incluso provincias como Chaco y Córdoba, con presupuestos acotados, destinan 50% más por ciudadano que Nación. Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto: sin recursos no hay defensa posible de los derechos”.
Las Defensorías del Pueblo son instituciones que tienen como función la defensa de los intereses colectivos, la garantía del ejercicio de derechos ciudadanos, de usuario y consumidor, y la protección de las personas frente a la acción u omisión de la administración pública y de irregularidades en el sector privado. Entre sus funciones se incluyen la promoción de derechos, la recepción de quejas y reclamos por violaciones de derechos humanos, la evaluación de políticas públicas y la representación colectiva en causas judiciales.