Trece personas recibieron condena penal por organizar y financiar una convención internacional clandestina de pelea de perros en la vereda Aurora Alta de La Calera, Cundinamarca. La sentencia incluye a nueve extranjeros y cuatro colombianos.
Trece personas recibieron condena penal por organizar y financiar una convención internacional clandestina de pelea de perros en la vereda Aurora Alta de La Calera, Cundinamarca, tras aceptar los delitos de muerte y lesiones graves a animales cometidos durante el evento.
Según la Fiscalía General de la Nación, la gravedad del caso radica en la violencia ejercida contra los caninos, la magnitud de la organización, el carácter internacional de la convocatoria y la finalidad económica de los hechos.
La sentencia, emitida el 23 de junio de 2026, revela detalles de una operación planeada. El Grupo Especial contra el Maltrato Animal (Gelma) recopiló pruebas sobre lo ocurrido el 14 de marzo en una finca privada, donde se preparó un kiosco, se dispuso mobiliario para espectadores y se erigió un ring, simulando la estructura de eventos formales.
En la diligencia de allanamiento se encontraron dos perros muertos con lesiones visibles y signos de violencia, además de otros doce caninos, de los cuales seis presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado.
Entre los condenados figuran nueve extranjeros —ciudadanos de Ecuador, Venezuela y República Dominicana— que financiaron el encuentro y se desplazaron hasta Colombia para participar. La sentencia incluye a cuatro colombianos, entre quienes se encuentra Julián Esteban León Ramírez, señalado como principal organizador, y Carlos Alberto Cifuentes Hernández, quien ocupaba el rol de veterinario.
El tribunal dispuso una pena de 31 meses y 15 días de prisión para cada sentenciado, el pago de una multa de 28,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad absoluta para ejercer actividades vinculadas al cuidado o tenencia de animales por el mismo periodo de la condena.
La Fiscalía consideró la explotación económica del sufrimiento animal como un agravante determinante. El caso marca un precedente en la aplicación judicial de las disposiciones sobre maltrato animal en eventos clandestinos de carácter internacional.