La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, por presunto uso de títulos académicos falsos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, por presuntamente usar títulos académicos falsos para respaldar su aspiración al cargo de viceministra de Juventudes. Guerrero será procesada por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñó como secretario de la institución educativa, enfrentará un cargo por falsedad en documento público.
El ente acusador considera que tiene pruebas suficientes para demostrar ante un juez que Guerrero obtuvo el título de Contaduría Pública en julio de 2025 pese a que no asistió a clases ni presentó exámenes en la Fundación Universitaria San José, según documento conocido por Semana. La investigación agrega que la joven tampoco estuvo matriculada y que no cumplió los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para recibir esa titulación.
A finales de agosto de 2025, Guerrero modificó la hoja de vida que tenía cargada en Función Pública para cumplir con las exigencias del cargo al que aspiraba. En ese registro aparecían tres títulos de pregrado: Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Contabilización de Operaciones Comerciales.
La acusación se centra en los documentos cargados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). La Fiscalía concluyó que la maniobra se concretó cuando Guerrero incorporó los documentos al sistema con el propósito de respaldar su nombramiento. “Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos y las respectivas actas de grado falsas, como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública, ingresó la información en el sistema SIGEP II (…) para así obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”, quedó consignado en la investigación.
El ente investigador fijó el momento en que se configuró el uso de engaños: “El delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos espurios en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)”.
La acusación revela que Guerrero actuó con conocimiento de la irregularidad y que defendió públicamente su actuación cuando su designación se perfilaba como inminente. “Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando, tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, aun así, decidió anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, resumió el ente investigador.
La investigación incluye a Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñó como secretario de la Universidad Popular del Cesar hasta su salida, decidida por la junta directiva. Según la Fiscalía, fue destituido después de que se concluyera que había dado su aval a la expedición de los títulos falsos. Gutiérrez aprobó y firmó las resoluciones con las que se hizo pasar a Guerrero por profesional y tecnóloga. “Hizo constar que Guerrero cumplió la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora y tecnóloga en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad. (…) consignó hechos falsos en documentos auténticos”, indicó el organismo investigativo.
La defensa del presidente Gustavo Petro hacia Juliana Guerrero se mantiene firme tras la imputación de la Fiscalía. En declaraciones a Caracol Radio, Petro sostuvo que “no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad”, en referencia a la Fundación Universitaria San José, y subrayó que el caso debe resolverse en el ámbito judicial. Según Petro, Guerrero fue solo activista y asesora del Ministerio del Interior, y nunca funcionaria ni viceministra, ya que la ley exige tener 25 años para ese cargo y ella tenía 21. Petro admitió que fue un error exponerla públicamente en televisión, lo que derivó en rumores y ataques personales, además de amenazas de muerte denunciadas por la joven y su familia.