Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló presuntas irregularidades en la creación de tres cooperativas de limpieza que obtuvieron contratos públicos por más de 76 millones de pesos mediante adjudicación directa, meses después de su constitución ante el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), dirigido por Catalina Monreal.
Las operaciones del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), encabezado por Catalina “Caty” Monreal, hija del diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, se encuentran bajo escrutinio público luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalara presuntas irregularidades en la creación y operación de tres cooperativas de limpieza que, apenas unos meses después de su constitución, obtuvieron contratos públicos por más de 76 millones de pesos mediante adjudicación directa.
En este contexto, también han surgido cuestionamientos sobre la adquisición de una oficina con valor de 4.76 millones de pesos, reportada en la declaración patrimonial de la funcionaria.
Investigación de MCCI
De acuerdo con la investigación, las cooperativas Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar y Bienestar de Limpieza y Buen Servicio fueron constituidas entre enero y febrero de 2026 ante el INAES y, aproximadamente dos meses después, recibieron contratos federales por un monto conjunto de 76,218,388 pesos.
Las adjudicaciones fueron realizadas por distintas dependencias del Gobierno federal, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Hacienda.
Distribución de los contratos
Según la investigación periodística, los recursos fueron asignados de la siguiente manera:
- Dehe Sak Agua Limpia: contrato por 50.5 millones de pesos con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- Bienestar de Limpieza y Buen Servicio: contrato por 20.2 millones de pesos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Juntos por la Limpieza y el Bienestar: contratos superiores a 10 millones de pesos con el DIF y la Secretaría de Hacienda.
MCCI también sostiene que, en al menos dos casos, las adjudicaciones directas fueron respaldadas con estudios de mercado elaborados entre las propias cooperativas que posteriormente recibieron los contratos.
Testimonios de socios
Uno de los principales señalamientos de la investigación proviene de los propios integrantes de las cooperativas, quienes aseguraron desconocer los montos de los contratos firmados a nombre de las sociedades y afirmaron que el manejo financiero permanece bajo control del INAES.
Los testimonios recopilados indican que los trabajadores fueron invitados a dejar empresas privadas de limpieza con la promesa de convertirse en sus propios empleadores mediante cooperativas. Sin embargo, posteriormente habrían tramitado créditos ante Financiera para el Bienestar (Finabien), cuyos recursos, según relataron, quedaron bajo administración del Instituto.
Algunos cooperativistas señalaron además que no cuentan con acceso a las cuentas bancarias, estados financieros o comprobantes del uso de los recursos. Entre los testimonios difundidos por MCCI destaca la declaración de un socio que afirmó: “Solo cambiamos de patrón y ahora el INAES es el que nos paga”.
Compra de oficina
Paralelamente, distintos medios retomaron información contenida en la declaración patrimonial de Catalina Monreal, donde se reporta la adquisición, mediante crédito, de una oficina con un valor de 4.76 millones de pesos, realizada meses después de asumir la dirección del INAES. Aunque la compra forma parte de su declaración patrimonial y no constituye por sí misma una irregularidad acreditada, la información ha cobrado relevancia al coincidir con la difusión de la investigación sobre las cooperativas y el manejo de recursos públicos.
Postura del INAES
La investigación de MCCI sostiene que la legislación otorga al INAES facultades para registrar, certificar y acompañar a las cooperativas, pero cuestiona que el Instituto administre recursos, cuentas bancarias o celebre contratos en nombre de estas organizaciones. Hasta el cierre de la publicación de MCCI, el organismo informó que había solicitado una postura al INAES, a Catalina Monreal y a otros funcionarios mencionados en el reportaje; sin embargo, señaló que no había recibido respuesta.
Por ahora, los señalamientos continúan basándose en la investigación periodística y en los testimonios recabados por MCCI, mientras no exista un posicionamiento oficial del Instituto o de su directora sobre las acusaciones difundidas.