El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que las universidades nacionales están habilitadas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, según el DNU 366/2025.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que las universidades nacionales están habilitadas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. La aclaración fue realizada a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a consultas sobre la vigencia de la normativa.
“Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, sostuvo Álvarez, en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que modificó la Ley de Educación Superior y habilitó a las instituciones de gestión estatal a establecer retribuciones por servicios educativos para extranjeros no alcanzados por la gratuidad.
Desde la administración de Javier Milei indicaron que las universidades tienen la facultad de establecer un esquema de cobro para quienes ingresen al país con el objetivo de cursar estudios y no cuenten con residencia permanente. La medida está contemplada en la normativa vigente y su aplicación queda sujeta a las decisiones que adopte cada institución.
El Gobierno planteó que la posibilidad de establecer aranceles no implica eliminar la gratuidad de la educación superior para los ciudadanos argentinos ni para los extranjeros con residencia permanente. La diferenciación se vincula con la condición migratoria de los estudiantes.
El Ejecutivo también sostuvo que las universidades cuentan con autonomía para definir sus políticas y que, dentro de ese marco, pueden establecer criterios específicos para el cobro de servicios educativos a determinados grupos de estudiantes.
La discusión se da en paralelo al debate por el financiamiento universitario, uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y las casas de altos estudios. Las universidades vienen reclamando una actualización de sus partidas presupuestarias y una recomposición de los salarios docentes y no docentes.