La Justicia dictó una medida cautelar contra el mecanismo utilizado por el municipio de San Isidro para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, explicó los detalles de la resolución y las prácticas cuestionadas.
La Justicia dictó una medida cautelar contra el mecanismo utilizado por el municipio de San Isidro para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). En una nueva edición de Ronda de Investigación por +Perfil, Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, explicó la importancia de la resolución y describió el procedimiento como irregular y poco transparente.
“La importancia de esta medida cautelar es que logra frenar este, primero decir que es un mecanismo sumamente irregular que existía, un circuito organizado dentro del municipio de San Isidro para obstaculizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, afirmó Galkin.
Según Galkin, el protocolo cuestionado no contaba con publicidad ni con un acto administrativo que lo respaldara. “Su opacidad” era una de sus principales características, lo que impedía que las personas conocieran las reglas para acceder a la prestación.
La resolución ordena al municipio suspender la aplicación del protocolo y garantizar el acceso al aborto conforme al marco legal vigente. “Lo que logra la medida cautelar, que sí consideramos que es un hito en este recorrido, es primero que ordena al municipio de San Isidro suspender la aplicación del protocolo y, por otro lado, garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo conforme el marco legal vigente”, detalló.
Entre las prácticas denunciadas, Galkin mencionó exigencias que, según explicó, no forman parte de los requisitos establecidos por la normativa. “En la práctica, a las mujeres se les exigía, por ejemplo, pasar previamente por una consulta psicológica y por un servicio de asistencia social, se les exigía ratificar su consentimiento en reiteradas oportunidades, por lo menos había tres consentimientos que debían firmar a lo largo del proceso”, señaló.
También se refirió al manejo de los datos personales y afirmó que las personas recibían información que podía resultar disuasoria: “Lo que veníamos observando es la continuidad de testimonios en San Isidro de mujeres que se acercaban a acceder a su derecho y se encontraban con un servicio que buscaba disuadirlas y las desinformaba sobre qué implicaba la prestación”.
Galkin manifestó que el problema no se limita a San Isidro y señaló dificultades vinculadas con la disponibilidad de medicamentos y con otros programas de salud sexual y reproductiva. “Nosotros vemos que los obstáculos se dan en distintos niveles”, expresó.
En ese sentido, advirtió sobre la falta de insumos y las desigualdades entre provincias: “Vemos provincias en donde tenemos testimonios de mujeres que ante la falta de insumos han llegado a pedir préstamos o endeudarse para poder acceder a los medicamentos que debieron accederse de manera gratuita”.
También remarcó el impacto sobre niñas y adolescentes y cuestionó el retroceso de políticas públicas vinculadas con salud sexual y reproductiva. “Vemos el incremento de consultas de niñas entre 14 y 19 años que encuentran múltiples barreras”, comentó.
Además, sostuvo que el mecanismo de San Isidro podía generar un problema para los propios profesionales de la salud: “Esto no es menor porque la ley 27.610, que reconoce el derecho al aborto, establece que aquellos profesionales que obstaculicen o demoren el acceso al aborto pueden incurrir en responsabilidad penal”.