En los últimos meses, distintos juzgados federales emitieron sentencias que intiman a la Dirección Nacional de Vialidad a reparar corredores en Santa Fe, Salta, Formosa y Buenos Aires. Los fallos se producen en un contexto de subejecución de fondos del fideicomiso vial.
La Justicia federal ordenó en los últimos meses la reparación de varios corredores nacionales en distintas provincias. Las sentencias intiman a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a realizar obras de bacheo, repavimentación y mantenimiento en rutas de Santa Fe, Salta, Formosa y Buenos Aires.
El 18 de agosto de 2026, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, dispuso que la DNV repare de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 a su paso por el departamento General López, en el sur de Santa Fe. El amparo fue presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, de Unidos para Cambiar Santa Fe, en marzo de 2025.
Este fallo se suma a otros cinco dictados en 14 meses. En junio de 2025, el juez federal Aldo Alurralde ordenó reparar más de 110 kilómetros de la ruta 11 entre Santa Fe y San Justo. En septiembre de 2025, el juez federal Pablo Morán, de Formosa, dio 90 días a la DNV para bachear y limpiar banquinas en las rutas 11, 81, 86 y 95. En noviembre de 2025, el Juzgado Federal de Tartagal ordenó bachear y repavimentar 198 kilómetros de la ruta 34 entre Urundel y Salvador Mazza. En mayo de 2026, Cuello Murúa, desde Rafaela, hizo lugar a una cautelar sobre unos 50 kilómetros de la ruta 34. En julio de 2026, la Cámara Federal de Mar del Plata dio a Vialidad y a Corredores Viales 10 días hábiles para presentar un plan y 120 para reparar la ruta 3 entre Azul y Cacharí.
El caso de Salta muestra la secuencia procesal. La cautelar se dictó en noviembre de 2025, el Estado apeló y en febrero de 2026 la Cámara Federal de Salta rechazó la apelación. El plazo de 90 días venció en abril. Vialidad presentó un informe en diciembre de 2025 y luego no presentó más informes. En agosto de 2026, la ruta se encuentra en condiciones similares a las previas al fallo.
En el caso de Santa Fe, los tramos de las rutas 7, 8 y 33 fueron entregados en concesión por 20 años mediante la resolución 1149/2026 del 28 de julio de 2026. La DNV podría argumentar que existe un contrato vigente con un plan de obras. El concesionario podría presentar su plan aprobado en audiencias públicas.
La DNV ha sostenido en otras causas restricciones presupuestarias y financieras. En el fallo de Cuello Murúa, el juez calificó la conducta estatal como una omisión.
El Sistema Vial Integrado (Sisvial) es un fideicomiso que recauda impuestos sobre los combustibles líquidos con destino específico a la red vial nacional. Entre enero de 2024 y mayo de 2026 recaudó $1,5 billones. A obras viales se destinaron $394.406 millones, lo que implica una subejecución del 73,8%. Más de $1 billón fue colocado en plazos fijos y títulos públicos.
El vocero presidencial Adrián Ravier declaró: “Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”.
Abogados consultados coincidieron en que estas sentencias son más declarativas que operativas. Entre las respuestas posibles de la administración se mencionan la falta de disponibilidad presupuestaria inmediata, la prioridad en la asignación de fondos, la existencia de concesiones y los plazos del proceso constructivo.