Estados Unidos deportó a casi 2.300 ciudadanos mexicanos a Guatemala en lo que va de 2026, en el marco de un acuerdo de tránsito con México. Además, decenas de mexicanos fueron enviados a Honduras, según autoridades y documentos oficiales.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Estados Unidos ha deportado a Guatemala a casi 2.300 mexicanos en 2026 y envió a decenas más a Honduras, un cambio con respecto al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, cuando estos traslados eran mínimos, informaron las autoridades.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles por la noche que, en lo que va de año, llegaron al país 2.284 mexicanos deportados desde Estados Unidos en “una escala de tránsito” para llevarlos después a México como parte de “un arreglo” con el gobierno de ese país, y sin que esas personas estén bajo ninguna figura de refugio o asilo.
“Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, regresarlos, ingresarlos a territorio mexicano en menos de 24 horas después de que entraron al país”, explicó en una conferencia de prensa.
Los gastos de estas operaciones están sufragados por el gobierno mexicano o, en algunos casos, por financiamiento estadounidense, agregó.
El Instituto Nacional de Migración de México confirmó a The Associated Press en un breve mensaje que hay mexicanos deportados por el gobierno de Trump a Guatemala y a Honduras principalmente desde abril, que luego son trasladados desde allí en autobús hasta el sur de México.
“La causa es que Estados Unidos quiere evitar que vuelvan a cruzar” a su territorio, agregó. El INM no aportó cifras ni más detalles.
La cancillería mexicana no respondió a varias solicitudes de comentarios. Históricamente, México se ha mostrado dispuesto a recibir a sus ciudadanos deportados, aunque desde el primer mandato de Trump no ha habido claridad sobre los acuerdos migratorios con Washington.
Tampoco respondieron a pedidos de comentarios las autoridades en Honduras pero, según documentos oficiales del país a los que tuvo acceso la AP, en dos vuelos el 13 y el 15 de agosto, un total de 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron a la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Estaba previsto que 35 más aterricen el jueves.
Otros 165 mexicanos fueron deportados a Honduras entre mayo y mediados de julio, de acuerdo con la web Third Country Deportation Watch, gestionada por las ONG Human Rights First y Refugees International, quienes rastrean vuelos de deportación estadounidenses a terceros países.
La web no aclara de dónde proceden sus números, pero ambas organizaciones están preocupadas porque los migrantes tienen diferentes perfiles y estos traslados pueden ponerlos en peligro.
“Parece que quieren presionar al gobierno mexicano, no quieren que los mexicanos crucen la frontera”, dijo Savitri Arvey, de Human Rights First. Parte de los deportados llegaron a Honduras en vuelos militares estadounidenses, agregó.
Hasta ahora, los mexicanos deportados de Estados Unidos eran enviados de forma casi exclusiva a su país tanto por vía aérea como terrestre. Apenas un puñado llegaba a otros países.
Arévalo dijo el miércoles que en 2025 recibieron apenas a 15 mexicanos. Hasta febrero de 2026, Honduras había reportado oficialmente la llegada de seis. Costa Rica ha recibido a once mexicanos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y, según las autoridades migratorias locales, permanecen en el país.
Al inicio de su segundo mandato y con el control migratorio como una de sus prioridades, Trump llegó a acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actuaran como países “puente” o como destino para migrantes de terceros países expulsados de territorio estadounidense. Estos acuerdos se ampliaron después a más lugares, incluidos algunos países africanos, el más reciente, Liberia.
Abogados de inmigración consideran que el gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como una laguna legal para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo o inmigrantes indocumentados a regresar a sus países de origen.