Daniel Flores, agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, denunció 122 audios con comentarios racistas, sexistas y homofóbicos dentro de la fuerza. Casi un año después, la fiscalía reactivó una causa archivada y le imputó cargos por grabaciones ilegales, aunque luego redujo la acusación a delitos menores con una salida alternativa al juicio.
La fiscalía del condado de Los Ángeles reactivó casi un año después una causa que había archivado y presentó cargos contra Daniel Flores, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que había denunciado conversaciones discriminatorias dentro de la fuerza.
Según reconstruyó Los Angeles Times, ese cambio de criterio ocurrió después de que Flores presentara en junio una demanda civil contra la ciudad, en la que alegó represalias por ser denunciante.
La acusación incluyó 16 cargos por delito grave por grabar en secreto a otros policías, aunque más tarde quedó reducida a delitos menores con un diversion agreement, una salida alternativa al juicio.
El caso abrió un nuevo foco de tensión en California por el tratamiento que recibieron tanto la denuncia interna como las pruebas que entregó el oficial.
En esa denuncia, Flores aportó 122 audios con comentarios racistas, sexistas y homofóbicos. Luego habló por primera vez en público con Los Angeles Times y aseguró que el proceso “arruinó todo” en su vida.
El origen de la denuncia y las grabaciones
Flores relató que presentó una denuncia anónima ante Asuntos Internos en febrero de 2025. Allí expuso que algunos agentes hacían bromas y comentarios raciales sobre candidatos negros que buscaban ingresar al LAPD. También señaló expresiones ofensivas contra inmigrantes latinos, mujeres y personas homosexuales.
Pocos días después de esa denuncia, afirmó que recibió una llamada de investigadores de Asuntos Internos para notificarle que otra persona lo había acusado a él de hacer comentarios racistas.
Flores rechazó esa versión y sostuvo ante Los Angeles Times que ese movimiento buscó desacreditarlo desde el inicio.
Más tarde, el agente entregó una carta a la oficina del inspector general junto con un dispositivo de almacenamiento que contenía las grabaciones.
En uno de esos intercambios, un colega dijo sobre inmigrantes latinos: “Que los deporten, llamen al ICE”, en una traducción de la frase citada por Los Angeles Times.
Uno de sus abogados en la causa civil, Greg Smith, afirmó al mismo medio que su cliente intentó utilizar los canales institucionales antes de que el caso se volviera público.
Aseguró que el agente “intentaba arreglar las cosas, no crear publicidad ni indignación pública”.
La causa penal y las sospechas de represalia
Documentos internos del LAPD revisados por Los Angeles Times muestran que la policía presentó el expediente ante la fiscalía el 1 de julio de 2025. Diez días más tarde, la oficina del fiscal decidió no avanzar con cargos.
El caso quedó sin movimiento durante cerca de un año. Pero menos de tres semanas después de que Flores presentara su demanda civil contra la ciudad, la fiscalía anunció que sí impulsaría la acusación penal. El oficial y su defensa sostienen que esa secuencia refuerza la hipótesis de una represalia.
La oficina del fiscal, encabezada por Nathan Hochman, respondió que en 2025 no contaba con pruebas suficientes para establecer de forma definitiva que Flores había realizado las grabaciones.
Más tarde, aseguró que la situación cambió cuando el agente inició su demanda y el LAPD entregó información adicional sobre su admisión de los hechos, de acuerdo con Los Angeles Times.
La causa se apoyó en la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones privadas sin consentimiento de las partes. Bajo esa figura, Flores podía quedar expuesto a una pena de hasta 13 años de prisión.
La semana pasada, después de cuestionamientos públicos, la fiscalía redujo el caso a delitos menores y ofreció una salida alternativa al juicio que, en principio, le permitiría evitar la cárcel.
El costo personal y el debate dentro de la fuerza
Flores mantuvo su empleo en el LAPD, aunque permanece alejado de sus funciones por licencia médica. En su testimonio al diario describió un cuadro de aislamiento dentro del ambiente policial y dijo que ningún compañero se acercó para saber cómo estaba desde que estalló el caso.
“Ningún policía me habla”, afirmó en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. También aseguró que en redes sociales otros agentes lo trataron de “soplón” y repitieron amenazas como “los soplones reciben castigo”.
El agente señaló que se arrepiente de haber avanzado con la denuncia. “Sí, porque me arruinó la vida”, expresó al diario.
En esa misma entrevista, sostuvo que las autoridades “lo pintaron como el criminal” y dejaron en segundo plano las expresiones de intolerancia que él había intentado exponer.
El caso dejó planteada una discusión más amplia en Los Ángeles sobre los límites legales de las grabaciones encubiertas y sobre la protección real que reciben los denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad.
Los Angeles Times indicó que un superior de la unidad llegó a advertir que, si esos comentarios continuaban, podían “tirar abajo a todo el departamento”.
Por ahora, la causa quedó reencuadrada como un expediente menor, mientras siguen abiertas la demanda civil de Flores y el debate político por la respuesta institucional ante sus revelaciones.