El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2025, en la que informó bienes por 11.085 millones de pesos, un incremento de 2.773 millones respecto del año anterior.
El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA). En el documento, consignó bienes por un total de 11.085.308.000 pesos, lo que representa un aumento de 2.773 millones de pesos en comparación con la declaración anterior, cuando informó un patrimonio de 8.311 millones.
Según el documento oficial, el incremento patrimonial fue del 33,4% en términos nominales en doce meses. Kirchner declaró ingresos por aproximadamente 108 millones de pesos, provenientes de su salario como diputado nacional, alquileres y otras rentas. El aumento patrimonial declarado es casi veintiséis veces superior a esos ingresos.
En la declaración jurada, el legislador explicó que la diferencia no se debe principalmente a la adquisición de nuevos bienes, sino a la actualización de la valuación de activos ya existentes, especialmente inmuebles y participaciones societarias, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Bienes Personales. El documento incluye una observación en la que sostiene que 2.711 millones de pesos, el 97,7% del incremento, corresponden a diferencias de valuación de bienes ya existentes.
La revaluación alcanzó principalmente propiedades inmobiliarias ubicadas en Santa Cruz y en la Ciudad de Buenos Aires, además de la actualización contable de las participaciones en las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., empresas que administran hoteles y propiedades heredadas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En cuanto a las tenencias en moneda extranjera, Kirchner declaró depósitos por 2.332.000 dólares estadounidenses y una caja de ahorro con 516.072 dólares. En conjunto, esas disponibilidades suman cerca de 2,85 millones de dólares, que al tipo de cambio oficial utilizado en la declaración representan alrededor de 4.118 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente el 37% de su patrimonio. El origen de esos fondos figura como herencia dentro del expediente sucesorio de Néstor Kirchner.
La declaración detalla 27 inmuebles distribuidos entre El Calafate, Río Gallegos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo casas, departamentos, locales comerciales, terrenos y lotes urbanos. Dos propiedades fueron adquiridas directamente por Kirchner: un lote en El Calafate comprado en 2008 y una vivienda en Río Gallegos adquirida en 2010. Los restantes 25 inmuebles ingresaron a su patrimonio como parte de la herencia familiar tras el fallecimiento de Néstor Kirchner y la posterior cesión de bienes realizada por Cristina Fernández de Kirchner a sus hijos.
Entre las propiedades declaradas figuran departamentos en Puerto Madero y Recoleta, viviendas en Río Gallegos, terrenos en El Calafate y otros inmuebles vinculados al patrimonio de la familia Kirchner. La valuación de muchos de esos bienes aumentó durante 2025 como consecuencia de la actualización fiscal aplicada a los inmuebles.
Las empresas Los Sauces y Hotesur continúan bajo investigación judicial. Ambas sociedades forman parte de la causa Hotesur–Los Sauces, en la que Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner fueron enviados a juicio oral por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al alquiler de hoteles y propiedades a empresarios de la obra pública. La Corte Suprema dejó firme la realización del juicio oral, aunque el inicio del debate continúa pendiente por cuestiones procesales y pericias contables.
La difusión de la declaración jurada se produjo en el marco de la publicación de las declaraciones de funcionarios y legisladores nacionales. Dirigentes del kirchnerismo señalaron que la mayor parte del patrimonio declarado proviene de la sucesión de Néstor Kirchner y que todos los bienes fueron informados ante la Oficina Anticorrupción conforme a las exigencias legales.