La prórroga concedida a Manuel Adorni para responder sobre las inconsistencias detectadas en su patrimonio finaliza este miércoles. El ex jefe de Gabinete debe entregar ante el juzgado federal de Ariel Lijo explicaciones sobre veinte puntos señalados por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La prórroga concedida a Manuel Adorni para justificar las inconsistencias detectadas en su patrimonio vence este miércoles. El ex jefe de Gabinete deberá entregar ante el juzgado federal de Ariel Lijo explicaciones sobre veinte puntos señalados por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El requerimiento surgió de un informe técnico de 207 fojas elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El organismo cruzó las declaraciones juradas con datos bancarios, registros de propiedad, plataformas de criptomonedas e información migratoria.
Según la reconstrucción fiscal, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 el grupo familiar registró ingresos comprobados por $229.752.283,20. En ese cálculo se incluyeron 35 sueldos de Adorni como funcionario y los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti. En el mismo período, los gastos en tarjetas, expensas, servicios, impuestos, seguros, viajes y electrodomésticos alcanzaron los $272.820.832,20. La diferencia arroja un saldo negativo de $43.068.549 que, para la fiscalía, no tiene respaldo suficiente.
La investigación identificó erogaciones en moneda extranjera por USD 402.578,12. Entre los movimientos a explicar aparecen la compra y remodelación de propiedades, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior. Uno de los focos es el lote 380 del country Indio Cuá, inscripto a nombre de Angeletti, y el pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por una reforma integral.
Adorni también deberá precisar el origen de dólares declarados como producto de una “venta de activos”, luego de haber dicho que poseía desde hacía una década medio millón de dólares en criptoactivos que no había informado antes. La fiscalía reclama datos de los bienes vendidos, compradores, fechas y trazabilidad bancaria o bursátil.
El cuestionario incluye además: la compra de un departamento en la calle Miró al 550, en Caballito; la adquisición de un Jeep; préstamos atribuidos a dos familiares; depósitos no salariales en una cuenta del Banco Nación; operaciones con una billetera virtual y pagos efectuados por terceros.
La defensa, encabezada por Matías Ledesma, había pedido tiempo para acceder a pruebas, archivos y conversaciones incorporados al expediente. Pollicita evaluará la respuesta. Si las explicaciones no despejan las inconsistencias, el juez podría convocar a Adorni a declaración indagatoria.