El Gobierno envió al Congreso el proyecto de presupuesto 2027 y el proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas, que incluye reformas al Código Penal y la creación del Consejo Nacional de Seguridad. Ambas iniciativas abrieron frentes de conflicto dentro del oficialismo y con sectores de la oposición.
El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto 2027 y el proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas, que incluye reformas al Código Penal y la creación del Consejo Nacional de Seguridad. Ambas iniciativas generaron cuestionamientos internos y externos.
El proyecto de presupuesto 2027 contempla recortes o limitaciones en la actualización de aportes para asistencia a personas con discapacidad, fondos para educación superior y la Asignación Universal por Hijo (AUH). La jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, declaró a radio Rivadavia que estos cambios se dispusieron «sin aviso ni discusión previa en la mesa política». Un colaborador del Presidente afirmó que la declaración «cayó muy mal» en la Casa Rosada, mientras que desde el Palacio de Hacienda desmintieron a Bullrich y sostuvieron que el tema fue discutido en la mesa política.
El proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas propone modificaciones al artículo 225 bis del Código Penal para sancionar con prisión de cinco a 12 años a quien, «actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva».
Especialistas en derecho penal y constitucional cuestionaron la redacción. El excamarista Ricardo Gil Lavedra afirmó que no cumple el principio constitucional de legalidad por la vaguedad de las conductas. El abogado y expresidente de Poder Ciudadano Hugo Wortman Jofré señaló que se trata de «un tipo penal muy abierto». El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, sostuvo que «es válida la preocupación institucional sobre posibles campañas de desinformación. Pero hay que tener cuidado de que las normativas o instituciones que se creen para su control no terminen siendo herramientas de censura o persecución de periodistas y organizaciones de la sociedad civil». El constitucionalista Roberto Gargarella afirmó que «el articulado que hoy se conoce muestra parecidos con iniciativas promovidas en tiempos recientes por los gobiernos populistas y autoritarios de esta década» y mencionó normas de Rusia (2019), Venezuela (2017) y Turquía (2022).
El proyecto también crea el Consejo Nacional de Seguridad, que tendría a su cargo áreas de orden económico, cambiario, defensa, relaciones, inteligencia y ciberseguridad. El Consejo podría exigir datos e informes a dependencias del sector público nacional y requerir cooperación a provincias y municipios, además de disponer medidas de emergencia como restricciones financieras, bloqueo de activos, suspensión de contratos o autorizaciones y aumentos temporales de derechos de importación o exportación, sujetas a control judicial.
El asesor sin cargo oficial Santiago Caputo defendió el proyecto de ley y descalificó en redes sociales a quienes lo cuestionaron. El Presidente publicó mensajes contra periodistas sin explicar el motivo ni referirse a los asuntos que generaron observaciones críticas.
En tanto, el presupuesto 2027 para Defensa contempla la compra de tres submarinos por 2300 millones de dólares.