La Sala IV del tribunal declaró inadmisible la apelación de los hijos de la expresidenta contra el embargo preventivo de propiedades de Hotesur y Los Sauces, entre ellas el departamento de San José 1111. El fallo se produjo en el marco de la ejecución de la condena por la causa Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo que pesa sobre 13 inmuebles de las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, entre los que se encuentra el departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión.
La resolución fue adoptada por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV, quienes consideraron que la medida dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 es de carácter cautelar, patrimonial y provisional, y que por lo tanto no constituye una sentencia definitiva que habilite la intervención de la Cámara de Casación.
El juez Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que correspondía analizar los agravios de los hijos de la expresidenta, vinculados con la relación temporal entre la adquisición de los bienes y el delito. Borinsky viene sosteniendo que debe anularse el decomiso de estos bienes en particular porque ingresaron al patrimonio antes del inicio de la maniobra delictiva por la que fue condenada Cristina Kirchner, por lo que no podían ser considerados como “producto del delito”.
El Tribunal Oral Federal Nº2 había ordenado el 11 de agosto pasado el embargo preventivo de diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo. Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y en Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.
La condena contra Cristina Kirchner quedó firme el 10 de junio de 2025. En el marco de la ejecución patrimonial, el Tribunal Oral Federal Nº2 actualizó el monto de los bienes a decomisar hasta la suma de 684.990.350.139 de pesos. La expresidenta fue condenada como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En su voto, los jueces Hornos y Barroetaveña señalaron que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció. Recordaron que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación. Añadieron que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a definitiva, los hijos de la expresidenta no demostraron la existencia de una cuestión federal suficientemente fundada que habilitara la intervención de la Cámara de Casación. Por esas razones, concluyeron que el recurso de casación era inadmisible.
Los jueces también destacaron que la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter restrictivo y que, para que una impugnación basada en ella prospere, deben demostrarse defectos que descalifiquen la decisión recurrida como acto jurisdiccional válido, extremo que no fue acreditado en el caso.