La norma que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años comenzó a regir en marzo. Dos magistradas dispusieron suspensiones y sobreseimientos. El Gobierno de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal apelaron y anticiparon pedidos de juicio político.
En febrero, el Congreso Nacional aprobó la ley que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La norma fue publicada en marzo y establece una vigencia de 180 días para adecuar institutos de menores y organismos intervinientes. La legislación dispone que los menores juzgados por delitos pueden ser condenados a una pena máxima de 15 años de prisión.
A 48 horas de su entrada en vigencia, la jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió su aplicación por 60 días en la provincia de Buenos Aires, sin declarar su inconstitucionalidad. La medida respondió a un habeas corpus colectivo presentado por una organización en favor de adolescentes privados de libertad en territorio bonaerense.
Días después, la jueza Laura De Marinis, del Juzgado N° 3 en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, sobreseó a un menor detenido en flagrancia por un intento de robo y resolvió que la nueva ley era inconstitucional para ese caso concreto. De Marinis sostuvo que la normativa resulta regresiva y vulnera tratados internacionales, y mencionó conclusiones neurocientíficas sobre la corteza cerebral de los adolescentes. «Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos», expresó.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, con la firma de los jueces Miguel Navascues y Miguel María Alberdi, revocó el fallo de Pascual tras la apelación del fiscal Hernán Ceruti, quien lo calificó de extralimitación. Los camaristas afirmaron: «Está vedado a los jueces analizar el acierto o la inconveniencia de las leyes, habida cuenta de que la política criminal es una de aquellas materias insertas en la esfera de reserva del poder legislativo». La resolución aclaró que, ante una eventual situación que agravara las condiciones de encierro, será potestad del juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido decidir qué medidas tomar.
La jueza Mirta Guarino, del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, dictaminó que el fallo de Pascual carecía de efecto en otras jurisdicciones.
El Ministerio Público Fiscal apeló el fallo de De Marinis. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anticiparon que pedirán el juicio político de la magistrada.
La jueza Pascual recibió al menos tres pedidos de juicio político presentados en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, además de una denuncia de la asociación civil Usina de Justicia.
En la provincia de Buenos Aires se registraron más de 65 mil robos en el primer semestre, según datos citados en el debate público. El gobierno de Axel Kicillof no se pronunció sobre las demoras en la adecuación institucional.
De Marinis ya había sido mencionada en medios en 2023 cuando dejó sin efecto la prisión domiciliaria impuesta tras una condena de cuatro años y seis meses de prisión para el agresor de un playero de estacionamiento, argumentando que bastaba la tobillera para garantizar su geolocalización.