El canciller Pablo Quirno brindó precisiones sobre el proceso arbitral anunciado por el Gobierno para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Señaló que es la primera vez que el país recurre a un tribunal internacional por este motivo y aclaró que la resolución no abordará cuestiones de soberanía.
El canciller Pablo Quirno brindó precisiones este lunes acerca del proceso arbitral anunciado por el Gobierno argentino, mediante el cual se busca impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto denominado «Sea Lion».
Según indicó el ministro de Relaciones Exteriores, se trata de una medida inédita, ya que será la primera vez que Argentina acuda a un tribunal internacional por la explotación de recursos naturales en las islas. El canciller destacó, no obstante, que la resolución no contemplará cuestiones de soberanía.
«Lo que es importante entender es que lo que nosotros estamos sometiendo al Tribunal Internacional de Derecho del Mar es la decisión unilateral de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, no es por un problema ambiental, es por el saqueo de nuestros recursos», enfatizó Quirno.
En esa línea, el canciller explicó que «son recursos que están siendo o intentando ser explotados en la cuenca Malvinas que es parte de nuestra plataforma continental, que significa una cuestión de recursos naturales no renovables y que nosotros consideramos que son nuestros». «No puede haber decisiones unilaterales como las que están ocurriendo», agregó.
El canciller apuntó que tanto Argentina como Reino Unido son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y que por ese motivo se decidió recurrir al tribunal arbitral.
Consultado acerca de lo que sucedería en caso de que Reino Unido decida no cumplir con una potencial resolución, el canciller explicó que «el arbitraje sigue su curso y tendrá una decisión que tomar al respecto y los resultados de esa decisión son obligatorios para las partes». «Si no lo hacen están violando un tratado del cual ellos forman parte», apuntó durante una entrevista en A24.
Quirno enfatizó además que, en caso de que quienes incumplan con la decisión sean las empresas, estarán violando «ya no la ley argentina sino leyes internacionales» y que, en ese sentido, «es difícil que se expongan empresas privadas a esta situación».
Acerca del plazo de dos semanas anunciado por Javier Milei para acudir al tribunal, Quirno explicó que «el llamado al arbitraje indica que tiene que dársele a la otra parte la posibilidad de que frenen», por lo que deberán aguardar 15 días. «Y si no frenan, como dice el Presidente, vamos a acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que emita una medida provisional para frenar esto mientras se constituye el tribunal arbitral», explicó.
«El objetivo nuestro es, mientras no se resuelva la cuestión de fondo, ninguna de las dos partes tiene que realizar cuestiones como esta», agregó.
El Gobierno había anunciado este lunes que instruyó a los equipos jurídicos de la Cancillería a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado «Sea Lion».
En esa línea, la Oficina del Presidente indicó que intimó formalmente al Reino Unido para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina.
Y lanzó un ultimátum: «De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental».
El reclamo del Gobierno argentino no es únicamente por la explotación de recursos hidrocarburíferos. También incluye una denuncia acerca de una empresa de Reino Unido que habría hecho vuelos sin permiso entre Punta Arenas, en Chile, y las islas Malvinas. En un comunicado oficial, se apuntó a que una «aeronave con matrícula» británica realizó la ruta «sin autorización de las autoridades argentinas».
Se trata de la empresa Thales UK Limited. «El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes» para elevar la queja, dice el texto oficial.