El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un recurso ante la Cámara Federal contra la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por las tareas de inteligencia sobre periodistas y sindicalistas durante la OMC 2017 y el G20 2018.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apeló los sobreseimientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por el presunto espionaje ilegal a periodistas durante la organización de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2017 y el G20 de 2018.
Los abogados presentaron un recurso contra la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien apartó del caso a los dos ex funcionarios junto a Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi. Además, solicitaron que el magistrado sea apartado de la causa, según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
En el fallo, el titular del Juzgado Federal N°8 decidió sobreseer a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por considerar que las tareas de inteligencia sobre periodistas y sindicalistas estaban “justificadas” por “razones de seguridad nacional” debido a la magnitud de los eventos.
El CELS reclamó que se trata de una decisión “prematura” que “causa un gravamen irreparable a esta parte, principalmente, porque su consecuencia directa es poner fin a la acción y al proceso, pronunciándose sobre el fondo de la cuestión litigiosa”.
Para el organismo, la decisión del juez presenta “una valoración irrazonable de los hechos y los elementos de prueba arrimados al caso” y “se basó en una interpretación errónea” de las conductas denunciadas.
En ese sentido, sostuvieron que el juez utilizó el contexto de seguridad de la OMC y el G20 para justificar la intervención de la AFI, pero que no existe en el expediente prueba concreta que permita acreditar que las personas investigadas representaban un riesgo para esos eventos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al argumento utilizado por Martínez de Giorgi para justificar las tareas de inteligencia, ya que señalaron que se basó en una búsqueda “superficial” en internet de noticias relacionadas con acontecimientos ocurridos en otros países y en otros momentos históricos.
En su lugar, indicaron que “hubiera correspondido que se produzca prueba fehaciente, concreta y certera” sobre el estado de situación en la Argentina con relación a los eventos y cuál era la “hipótesis de conflicto” sobre las personas que fueron investigadas.
Por otro lado, el CELS puso el foco sobre cómo la AFI recopiló la información de los investigados, entre los que mencionó el uso de “fuentes propias” en una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Hotel Bauen. En ese sentido, interpretaron que eso podría significar que utilizaron informantes infiltrados en el encuentro partidario.
Con respecto a Martínez de Giorgi, manifestaron que al momento del sobreseimiento aún había pedidos de llamado a indagatoria a los imputados respecto a los que “fueron categóricamente omitidos en la resolución”.
En ese sentido, pidieron que sean citados a declarar como testigos María del Carmen González, Gastón Schulmeister, Carlos Federico Guillermo Becker Fioretti y Claudio Ricardo Gutiérrez, quienes estaban implicados en la organización de la OMC y el G20.
Además, solicitaron que, en caso de que la Cámara haga lugar a su recurso, dispongan el apartamiento del juez por considerar que no actuó de forma imparcial y el “temor fundado de que quien debe decidir se encuentre ya condicionado por una posición previamente asumida sobre el fondo del asunto”.