El máximo tribunal suspendió la orden de un juez federal que exigía garantías para los inmigrantes y programó argumentos orales para diciembre. El asesor jurídico del DHS, James Percival, afirmó que la política «vuelve a estar en vigor».
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a continuar con las deportaciones de inmigrantes a terceros países. El máximo tribunal dejó en pausa el fallo de un tribunal federal de Massachusetts y programó los argumentos orales para diciembre de este año.
James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), declaró en un comunicado al Miami Herald: «La política de deportación a países de tercera categoría vuelve a estar en vigor». Percival calificó el fallo como «un mal día» para los inmigrantes con antecedentes penales y los activistas a favor de fronteras abiertas. Añadió que aún hay tiempo de recibir US$3000 y un vuelo de regreso.
El máximo tribunal suspendió la orden que exigía a los inmigrantes una oportunidad efectiva para plantear riesgos de tortura o persecución. Según el Miami Herald, las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la suspensión. Los jueces analizarán si la política cumple la ley federal (8 U.S.C. §1231(b)) y el debido proceso.
La normativa ha enviado a cubanos residentes del sur de Florida a países africanos. Cubanos en Guinea Ecuatorial dijeron que permanecen retenidos en un hotel, sin abogados, atención médica ni libertad de movimiento. Abogados y expertos sostienen que las garantías de los países receptores no son creíbles. Entre los países con acuerdos figuran México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda, El Salvador y Liberia.
El fallo no es definitivo. Desde este punto, la Corte Suprema va a escuchar el caso en diciembre y decidirá después. Mientras tanto, la administración Trump puede deportar a personas a países distintos. La política se aplica a quienes no pueden volver a su país de origen. Esto ocurre si su gobierno no los acepta o si tienen alegaciones creíbles de tortura o daño.