Durante su cena anual, la organización planteó un escenario de deterioro institucional y cuestionó políticas del Gobierno en materia de transparencia, justicia y financiamiento de campañas.
La organización Poder Ciudadano celebró su cena anual bajo el lema «Las Instituciones importan», con la presencia de dirigentes, jueces, fiscales, empresarios y funcionarios del gobierno nacional. En su discurso inaugural, el presidente de la organización, Martín D’Alessandro, advirtió sobre un retroceso en materia de transparencia y la ausencia de políticas destinadas a incrementarla, y afirmó que «pareciera que buscamos ampliar la impunidad».
D’Alessandro mencionó la situación de los juzgados federales, que investigan hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. También se refirió al proyecto de ley de inocencia fiscal, aprobado este año por el Congreso, y sostuvo que en su versión original habilitaba que los funcionarios blanquearan dinero no declarado sin dar explicaciones. Asimismo, cuestionó el incremento de fondos destinados a agencias de inteligencia sin la debida rendición de cuentas, y afirmó que «más recursos sin control es más opacidad».
El presidente de Poder Ciudadano agregó que «que un delito quede impunemente sin castigo es señal de que las reglas no se cumplen». Además, objetó la iniciativa que contempla liberar los límites a las donaciones privadas para campañas electorales y habilitar campañas paralelas sin controles, en sentido contrario a las prácticas internacionales.
Respecto del vínculo entre Estado, economía y corrupción, D’Alessandro rechazó que la simple reducción del tamaño del Estado sea una solución automática contra prácticas irregulares. «Si bien el exceso de regulaciones genera oportunidades para la corrupción, una desregulación carente de controles también se aprovecha de la debilidad estatal», planteó.
Según el último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina quedó en 2025 en el último lugar frente al resto de las principales economías de América Latina como receptora de inversiones extranjeras. D’Alessandro vinculó este retroceso con el deterioro institucional y sostuvo que reglas estables, Justicia independiente, transparencia e integridad reducen la incertidumbre económica.
Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con la posición de la Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional, cuya representación local está en manos de Poder Ciudadano. El índice reveló el peor resultado de la última década: la Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 y quedó ubicada en el puesto 104 entre 182 países, cinco lugares por debajo de la posición registrada en la medición correspondiente a 2024.
En el marco de la lucha contra la corrupción, el consejo de administración de la organización distinguió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, con un reconocimiento a su labor como socio estratégico fundamental de la institución.
El foco también estuvo puesto en el rol de la sociedad civil en el control del Estado y dio lugar a cuestionamientos sobre las modificaciones en el acceso a la información pública y la participación ciudadana en procesos vinculados con la designación de jueces.
D’Alessandro expresó también reparos sobre iniciativas como la regulación de la gestión de intereses o lobby y la defensa de la soberanía nacional, al considerar que podrían imponer restricciones al funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil que han de complementar los controles institucionales y contribuir a la rendición de cuentas de los organismos públicos.
«Las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la participación ciudadana fortalecen el Estado de Derecho y reafirman las instituciones democráticas, contribuyendo al crecimiento de los países», concluyó D’Alessandro.