Human Rights Watch publicó un informe en el que afirma que más de 500 migrantes de terceros países fueron deportados a naciones africanas desde enero de 2025 sin poder impugnar la expulsión. El Tribunal Supremo de EE.UU. autorizó temporalmente la política.
Estados Unidos deportó a naciones africanas a más de 500 inmigrantes de terceros países desde enero de 2025, en procesos en los que no se permitió que estas personas impugnaran la expulsión o expresaran sus temores por esos traslados, según un informe difundido este jueves por Human Rights Watch (HRW).
En el informe titulado «Para asustar a la gente. Expulsiones de EE.UU. de nacionales de terceros países a África», la organización no gubernamental señaló que estas personas no podían ser deportadas a sus países de origen debido al peligro que enfrentarían allí, por lo que fueron enviadas a países africanos con los que no tienen vínculos.
Entre los países africanos que han recibido a migrantes deportados mediante acuerdos con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se encuentran Burundi, Esuatini, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).
«La deportación de personas a países donde nunca han estado es parte de una política estadounidense diseñada para causar sufrimiento humano como medio para disuadir la migración», declaró el director interino del programa de HRW para EE.UU., Michael Garcia Bochenek.
Países como Esuatini, Ghana y Sudán del Sur detuvieron arbitrariamente a los deportados, quienes denunciaron a HRW malos tratos durante su reclusión.
Otros como Camerún, Guinea Ecuatorial o Ghana enviaron a algunas de estas personas a sus países de origen, donde corrían el riesgo de ser perseguidas o torturadas, lo que viola el principio de no devolución del derecho internacional, según la ONG.
«Varios de estos gobiernos africanos no sólo son cómplices de los abusos estadounidenses, sino que también han violado los derechos humanos de estas personas deportadas, incluso mediante detenciones arbitrarias y, en algunos casos, enviándolas de vuelta a países de donde huyeron del peligro», añadió Bochenek.
Según HRW, al menos una docena de deportados se identificaban como lesbianas, gais, bisexuales o transgénero, y fueron enviados a países africanos que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las conductas románticas públicas entre personas del mismo sexo.
Entre ellos había refugiados a quienes se les había concedido protección en EE.UU. ante la posibilidad de que sufrieran persecución en sus países de origen por su orientación sexual o identidad de género.
Además, las personas entrevistadas por HRW describen un trato «abusivo» en los vuelos desde Estados Unidos, en los que algunos migrantes permanecieron esposados durante 18 horas o más, y en los que recibieron «poca o ninguna información» sobre su destino.
El trato recibido en los países a los que llegaban tampoco es mejor.
Un hombre etíope de 35 años contó a HRW que huyó a EE.UU. tras ser encarcelado y torturado en su país, y que un juez impidió su regreso a Etiopía debido a la probabilidad de que volviera a ser torturado allí.
También relató que cuando se negó a firmar un formulario de salida voluntaria, un agente del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) estadounidense lo firmó por él.
HRW exigió a EE.UU. paralizar las expulsiones de solicitantes de asilo y refugiados a terceros países, e instó a los gobiernos africanos a rescindir los acuerdos firmados con Washington para recibir a estos migrantes.
Estos acuerdos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.
El Tribunal Supremo estadounidense autorizó el pasado 29 de septiembre al Gobierno de Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a deportados a terceros países, dejando en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a esas personas sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión.
Así, EE.UU. puede continuar con el programa a la espera de que el alto tribunal escuche argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre próximo, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso, que llegará probablemente a mediados de 2027.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.