El 18 de marzo de 1931, un grupo de anarquistas liderado por Miguel Arcángel Roscigna escapó de la cárcel de Punta Carretas, en Uruguay, a través de un túnel de más de 50 metros. Treinta y nueve años después, los Tupamaros utilizaron el mismo túnel para fugarse.
El 18 de marzo de 1931, un grupo de anarquistas escapó de la cárcel de Punta Carretas, en Montevideo, Uruguay, a través de un túnel construido desde una carbonería cercana. La fuga fue organizada por Miguel Arcángel Roscigna y otros militantes anarquistas, quienes planificaron la liberación de sus compañeros detenidos.
Según los registros históricos, el dinero obtenido en asaltos permitió que Gino Gatti se instalara con su compañera y su hija en una casa frente a la cárcel. Allí estableció la carbonería «El Buen Trato», desde donde se construyó un túnel de más de 50 metros con ventilación y luz eléctrica. En los trabajos participaron Roscigna, Andrés Vázquez Paredes, el «capitán» Paz y Fernando Malvicini, bajo las instrucciones de Gatti.
El día de la fuga, los presos salieron a la carbonería, donde los esperaban tres automóviles que los trasladaron a una casa alquilada en la calle Curupí.
Treinta y nueve años después, en 1970, el mismo túnel fue utilizado por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) para fugarse de la cárcel. En esa ocasión, 118 presos políticos escaparon y dejaron un cartel que decía: «Gracias compañeros anarquistas. Firmado. MLN-Tupamaros».
Nueve días después de la fuga de 1931, el 21 de marzo, un agente de la perrera municipal ingresó a la casa de los anarquistas persiguiendo a un perro. El agente, un ex presidiario, reconoció a uno de los fugados y alertó a la policía. En pocos minutos, 53 policías asaltaron la vivienda y detuvieron a Roscigna y sus hombres.
El gobierno de facto de José Félix Uriburu solicitó la extradición de los detenidos. Los anarquistas decidieron inculparse ante los tribunales uruguayos para ser condenados en ese país y evitar la ley marcial en Argentina. Fueron encarcelados en Montevideo hasta el 31 de diciembre de 1936. Para entonces, Uriburu ya no estaba en el poder y gobernaba Agustín Justo.
Ante la negativa de la justicia uruguaya a conceder la extradición, se aplicó un decreto de expulsión basado en la condición de «indeseables» de los detenidos. Agentes de Orden Social viajaron a Montevideo para trasladarlos a Buenos Aires.
Al llegar a Buenos Aires, los detenidos fueron llevados al departamento central de Policía, donde fueron interrogados por los hombres del comisario Fernández Bazán y luego por los jueces Lamarque y González Bowland, quienes los sobreseyeron por las causas del asalto al hospital Rawson y a La Central.
El capitán Paz fue trasladado a Córdoba para responder por una causa anterior y luego liberado por un grupo de compañeros. Roscigna, Vázquez Paredes y Malvicini continuaron detenidos ilegalmente a pesar de la orden judicial. Sus familiares iniciaron reclamos y recibieron respuestas evasivas sobre su paradero.
Meses después, un oficial de Orden Social informó confidencialmente a la Comisión Pro Presos que a Roscigna, Vázquez Paredes y Malvicini les habían aplicado la «ley Bazán» y los habían arrojado al Río de la Plata. No se encontraron sus cuerpos.