El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el presidente Milei al Congreso es examinado a la luz de los principios constitucionales e internacionales que rigen la cuestión Malvinas, según un análisis basado en la Convención Constituyente de 1994 y en los decretos 867 y 868/26.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el presidente Javier Milei al Congreso debería ser examinado a la luz de principios constitucionales e internacionales que rigen la cuestión Malvinas, como también la propuesta de arbitraje con Gran Bretaña, según un análisis que considera los diferentes factores en juego.
Eduardo Menem, en su obra Crónica de la Convención Constituyente de 1994 (Ciudad Argentina – Hispania, 2022, cap. XVII), recuerda el tratamiento que se dio al tema en la Convención Constituyente de 1994, a proyectos presentados por varios constituyentes y por él mismo, que fue base de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional reformada. En el prólogo de esa obra, el autor señala que fue un caso excepcional que la Convención autorizara a su presidente a ser el único orador para fundamentarla, lo que reveló el respeto ganado por Eduardo Menem en el ejercicio de sus funciones, asegurando el mayor pluralismo y la libertad de expresión de todos sus miembros. Menem, senador nacional en 1983, había presidido la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado y fue su representante en diversos países y conferencias internacionales, siendo presidente del Grupo Parlamentario Argentino en 18 Conferencias Interparlamentarias de carácter mundial.
La citada Disposición Transitoria se compone de dos partes. La primera, de autoría de Eduardo Menem, establece: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”. La segunda parte, agregada por la Comisión Redactora, prevé: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
El texto, aprobado por unanimidad y aclamación de todos los miembros de la Convención, dispuso un ejercicio de los derechos argentinos pacífico y acorde con los principios del derecho internacional y con respeto del modo de vida de los habitantes. La norma se concilió con lo previsto en el artículo 27 de la Constitución de 1853/60, que impone: “El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos por esta Constitución”.
Cuando se divulgó la noticia de que dos empresas se aprestaban a iniciar actividad petrolera sobre la Plataforma Continental Argentina, prohibida desde la sanción de la Ley 26.659, el presidente Milei, con apoyo de Estados Unidos, modificó su posición inicial en la cuestión Malvinas y dictó los decretos 867 y 868/26, adoptando medidas para dificultar esa actividad y con adecuaciones presupuestarias. Valorados en conjunto, el decreto 868 se adecúa a los principios constitucionales citados, ya que coloca al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.569 y perfecciona reglamentaciones para su cumplimiento en la actividad petrolera, aprovechando la expansión de Vaca Muerta. En cambio, el 867 realiza adecuaciones presupuestarias “para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas” y de “inteligencia”, lo que, según el análisis, envía una señal internacional errónea al poder implicar por Malvinas una suerte de rearme del país.
Esa ambigüedad resulta apreciable en el mensaje del Presidente al Congreso y en el contenido del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Su considerando 11 dice: “El proyecto de ley se estructura sobre distintos pilares que tienen por objeto castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado nacional de las herramientas necesarias para protegerse frente a amenazas externas”.
Mientras el Título I del proyecto agrava penas previstas en la Ley 26.659 respecto de la actividad petrolera y extiende la responsabilidad penal y administrativa en todos los ámbitos de la reorganización empresaria, el contenido cambia a partir del Título II, destinado a crear un Sistema de Seguridad Nacional, incluido un Consejo de Seguridad Nacional a cargo de crear una política en esa materia “de carácter obligatorio y transversal a todo el Estado… [para] guiar el accionar de todos los órganos y organismos que integran el mencionado Sistema hacia la consecución de nuestra causa nacional”; política a la que se otorga carácter vinculante (considerandos 33, 34 y 36). La extensión de la política de seguridad nacional se advierte en los Títulos III y IV, que se alejan de los caminos constitucionales señalados. La reforma de 1994 no previó una política de seguridad nacional, más propia de los gobiernos de facto y de la guerra militar perdida con Gran Bretaña. Por ello, el análisis sugiere que el Congreso limite la aprobación del proyecto al Título I, no enviando una señal internacional errónea por sus referencias a la Seguridad Nacional y a amenazas externas, con menciones ambiguas a la posible afectación de otros derechos constitucionales, como la libertad de prensa.
Existen cuestiones que requieren mayor examen. El análisis considera positivo intentar un arbitraje en términos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, aprobada por Ley 24.543, y la importancia de la gran extensión de la Plataforma Continental Marítima, aprobada por la Ley 27.557. Otros problemas son la posición de Chile de apoyar a Gran Bretaña y los intereses isleños, pero podrían conducir a una política de mayor integración regional con ese país, además de Bolivia y Perú, que lo lleve a hacer causa común con la Argentina en Malvinas.